La ley de presupuestos Generales del Estado (ley 22/2021, del día de los inocentes, de ahí que no exista disposición alguna que indique cuando ha de entrar en vigor esta norma – salvo corrección de errores y en aplicación del art. 2.1 del Código Civil será a los 20 días de su publicación, contados desde el 29 de diciembre de 2021-) nos obsequia con un texto de 762 páginas, como no podía ser menos, modificando algunas cosas, siguiendo la costumbre inveterada en el tiempo de aprovechar la coyuntura para «toquetear» lo que se les antoje (aunque la motivación se pueda encontrar en el Preámbulo).
Traemos a estas líneas la modificación de algunos artículos de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP en adelante). En concreto se modifican los siguientes (a partir de la página 268 del texto arriba enlazado):
1.- Art. 159.4 a) y 159.4.3º.f): Ambos se refieren al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (ROLECE en adelante) en cuanto a que dentro del procedimiento abierto simplificado se establecen una serie de reglas en este artículo para el desarrollo del mismo. Así el primero establece una serie de especialidades, siendo una de ellas la que es afectada por la reforma, ya que hasta ahora las entidades licitadoras que concurrían a este tipo de procedimiento debían estar clasificadas en el ROLECE o Registro similar de la CCAA licitadora. La reforma posibilita a aquellos licitadores que hayan acreditado haber presentado su solicitud en dichos registros antes de la fecha final a la presentación de su oferta en el procedimiento que se trate, que puedan presentarse aportando el acuse de recibo del Registro en donde se presentó la solicitud y una declaración responsable efectuada «ad hoc», en la cual indique que se aportó la documentación preceptiva para ser merecedor de la inscripción en dichos registros y una declaración responsable de que a la fecha de presentación de la oferta en el procedimiento de licitación no se le ha requerido subsanar el mismo.
La segunda modificación del art. 159.4 es consecuente con la primera. Imaginemos que el licitador que concurre a la licitación presentando los documentos que acabamos de ver en el párrafo anterior resulta finalmente que obtiene la mejor puntuación en el procedimiento, esto es, presenta, a juicio de la Mesa de Contratación y en aplicación de los Pliegos, la mejor oferta. Puede suceder que a la fecha en la que se le pida la documentación previa a la adjudicación aún no se haya inscrito a la empresa en el ROLECE o Registro similar de la Comunidad Autónoma licitante o la Mesa no haya tenido constancia de su inscripción. Pues bien, la propia Mesa, en el momento de requerir la documentación previa a la adjudicación, ha de realizar además un requerimiento de justificación documental del cumplimiento de los requisitos de aptitud, ya sea o bien aportando la inscripción o bien los documentos que acrediten el cumplimiento de los citados requisitos.
2.- El art. 226.1 se redacta «ex novo». Este artículo se refiere a la adjudicación de los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición. Así, tras la obligación de que haya de ser objeto de una licitación, se añade que estos han de basarse en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, debiendo concretarse en esos textos con mayor precisión y de forma previa a la licitación para adjudicar cada contrato específico. Esto viene a corregir la no infrecuente indefinición de los propios pliegos en esta materia, cuestión ampliamente debatida a nivel doctrinal y que la jurisprudencia ha ido perfilando caso a caso.
3.- Otra de las modificaciones se produce en el art. 324.1.c). Hemos de recordar que para contratar en los casos de acuerdos marco que superen los 12 millones de euros, se necesita la autorización del Consejo de Ministros (Consejo de Gobierno a nivel regional) . Pues ahora esta autorización y su importe se aplica además a los sistemas dinámicos de adquisición.
4.- Y la última de las modificaciones es la que se realiza en el art. 332.3, teniendo nueva redacción. Como el lector sabrá, este artículo trata sobre la OIRESCON ( Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación), en concreto que el nombramiento de sus miembros es por un período improrrogable de 6 años. Pero, ¿ qué sucede si transcurrido el plazo no se renuevan sus miembros? Esto ya ha sucedido en varias ocasiones pero no estaba regulado. Pues bien lo que se solía hacer en estos casos es lo que se regula con el nuevo texto: los miembros que hayan llegado al final de su mandato sin haberse renovado seguirán desempeñando sus funciones.
Finalmente la Orden HFP/1499/2021, de 28 de diciembre, (BOE del 31 de diciembre) por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2022, establece las siguientes modificaciones respecto a la LCSP:
a) La cifra de 5.350.000 euros por la de 5.382.000 euros, en los artículos 20.1;
23.1.a) y 318 b).
b) La cifra de 214.000 euros por la de 215.000 euros, en los artículos 21.1.b);
22.1.b); 23.1.b) y 318 b).
c) La cifra de 139.000 euros por la de 140.000 euros en los artículos 21.1.a) y 22.1.a).Respecto del Real Decreto-ley 3/2020:
a) La cifra de 5.350.000 euros por la de 5.382.000 euros en el artículo 1.1.c) y 2.
b) La cifra de 428.000 euros por la de 431.000 euros, en el artículo 1.1.b).
Y respecto de la Ley 24/2011 se modifican los siguientes importes:
a) La cifra de 5.350.000 euros por la de 5.382.000 euros en el artículo 5, letra b).
b) La cifra de 428.000 euros por la de 431.000 euros, en el artículo 5, letra a).
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