Recuperación de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 (funcionarios)

El B.O.E de 30 de octubre de 2015 contiene la Ley de Presupuestos estatal a aplicar en el 2016. Existen muchos aspectos modificatorios de otras leyes (respetando lo que el tsunami legislativo no ha arrollado), que podríamos tratar más adelante, pero en lo que hoy respecta a este asunto en cuestión, nos hacemos eco de la recuperación de la parte proporcional de la paga extraordinaria dejada de percibir en diciembre de 2012 por los funcionarios de las Administraciones Públicas (existe mucha literatura periodística al respecto con opiniones para todos los gustos sobre la medida adoptada en su día de no abonar la extra al personal de las administraciones públicas) y que ahora, esta norma, trata de “arreglar”.

Empieza así la Disposición Adicional Duodécima Uno:

1. Cada Administración Pública, en su ámbito, podrá aprobar dentro del ejercicio 2016, y por una sola vez, una retribución de carácter extraordinario cuyo importe será el equivalente a las cantidades aún no recuperadas de los importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, con el alcance y límites establecidos en la presente disposición.”

El alcance de la palabra “podrá” viene a significar que se puede hacer, que es potestad ed cada administración elegir este camino o no, pero se ha de circunscribir a 91 días de ese período (3 meses de los 6 del período), es decir, el 50% de la paga extra que aún no han percibido, pues el restante 50 % lo han debido de ver en sus nóminas en algún momento del ejercicio 2015. Sin embargo este asunto es una falacia, ya que existen algunas Comunidades Autónomas (señaladamente la andaluza) y Consistorios Locales con personal a su servicio que aún no cobraron absolutamente nada de la extra que les pertenecía. Esto conlleva que el trato igualitario en cuanto a la percepción de retribuciones por las administraciones públicas se convierta en “papel mojado”, ya que muchos que aún no han cobrado los emolumentos extra correspondientes al primer 50%, ven como esta ley se refiere al segundo 50%.

Si seguimos leyendo el texto (página 102.121), el apartado 3 vincula la aprobación de las medidas “recuperatorias” de lo indebidamente cercenado a lo siguiente:

“… teniendo en cuenta su situación económico-financiera …”

Esto viene a decir, en la práctica, que si una administración concreta dice no tener dinero, estas retribuciones no se van a percibir “sine die”. Estoy pensando en las decenas de miles de funcionarios que no verán reembolsados lo no percibido durante el año que entra, y lo que es peor, en un escenario de crisis (seguimos en ella aunque parezca que la cosa va mejor), no ven que estas retribuciones las vayan a percibir en un futuro, ni cercano ni lejano, y menos aún, se apliquen intereses de demora sobre lo que se ha dejado de percibir, siguiendo la práctica de la administración de cobrar intereses sobre las cantidades que han dejado de cobrar de los administrados cuando se retrasan en abonar alguna tasa, impuesto, contribución especial, exacción parafiscal o similares.

¿Qué pasará? Pronto lo podrán leer en su medio de información favorito.

La Aceptación de Decreto (I)

Con la aceptación de decreto se ha venido a dar carta de naturaleza a lo que diariamente ocurría en nuestros juzgados con las Diligencias Urgentes (DURGES), sobre todo en materia de seguridad vial, en la que era el fiscal el que en la práctica llevaba a cabo tareas similares a las recogidas en la nueva ley. Al respecto cabe decir que mientras que dicha figura se circunscriba a los requisitos exigidos, es decir:

     “1.º Que el delito esté castigado con pena de multa o de trabajos en beneficio de la comunidad o con pena de prisión que no exceda de un año y que pueda ser suspendida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del Código Penal, con o sin privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
2.º Que el Ministerio Fiscal entienda que la pena en concreto aplicable es la pena de multa o trabajos en beneficio de la comunidad y, en su caso, la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
3.º Que no esté personada acusación popular o particular en la causa.”

  no parece que haya más inconvenientes, pero siempre y cuando se circunscriba a estos supuestos, sin que pueda extenderse a delitos que se puedan encontrar castigados con penas de prisión. ¿Porqué, si ya esto ocurre en el desarrollo diario de los DURGES? La causa de la objeción a esto se haya en el artículo 803 bis, En el mismo se señala que el Ministerio Fiscal no quedará vinculado al contenido del decreto por el redactado, es decir, que si el procedimiento continua su curso, podrá finalmente presentar un escrito de acusación más gravoso para el entonces ya acusado. Es fácil ver para cualquiera que dicha falta de vinculación podría representar un mecanismo de presión hacia el inculpado, ya que anteriormente éste (entonces imputado), sabía a que atenerse en caso de no aceptar lo propuesto por el Ministerio Fiscal durante el DURGE y que en caso de no aceptar la proposición, cómo máximo vería incrementada su pena en un tercio. Esto ahora no es así, ya que en caso de no aceptar  el decreto del fiscal, no sabría si el fiscal cambiará o no el mismo, agravando la solicitud de pena. Es por ello que, para evitar una cierta brecha en la seguridad jurídica que afecte al inculpado, es conveniente que dicha figura se restrinja a los delitos expresamente recogidos en la ley.

Y ahora, ¡elecciones!

En el BOE del día 27 de octubre de 2015 se disuelven Congreso y Senado, convocándose elecciones, atribuyéndose a cada provincia (circunscripción) el número de diputados elegibles atendiendo al número de población de derecho, lo que se viene a llamar un sistema de  representación proporcional.

Así podemos fijarnos que las provincias más pobladas tienen mayor número de representantes en el Congreso, obteniendo el eje Madrid/Barcelona 67 de los 350 escaños (casi un 20%). Ríos de tinta se ha escrito sobre la conveniencia de cambiar este sistema de atribución de escaños, doctrinas difícilmente conciliables según el signo político y la “escuela” a la que uno se acoja. Sin embargo lo verdaderamente importante es que el sistema actualmente en vigor, aún con imperfecciones, y susceptible de mejora, es el que se aplica y el que vamos a tener en las elecciones futuras, tal y como desde la llegada de la democracia se ha venido produciendo.

Sirvan estas líneas para animar a los partidos políticos, sus líderes, afiliados y simpatizantes a que realicen una campaña limpia, en lo que prime sean los ideales de cada partido político y como solucionar los problemas acuciantes que la sociedad española demanda, y no el enfrentamiento con la postura contraria, en la cual sean capaces de transmitir al ciudadano de a pié las líneas generales más importantes de cada programa, para que aquellos que estén en la tesitura de no saber a quien votar sepan que con su voto participan activamente en el sistema democrático español. Huyamos, por tanto, de los debates estériles de que si lo que uno hizo fue peor o mejor que el precedente o antecedente, de los ataques personales que lo único que generan es malestar a la ciudadanía que podría entrar en un estado de hastío crónico que flaco favor puede hacer al resultado (en número de votantes que acudan a las urnas) de las elecciones, y escuchemos al político honrado y profesional que intenta ayudar a la población (los hay, créanme).

En definitiva, suerte a todos.

Tras el primer tsunami normativo, llega ahora el tsunami “refundidor”

Si ya escribíamos en entradas precedentes del tsunami normativo, ahora el BOE sigue lanzando andanadas de disposiciones jurídicas de alto abolengo y ahora toca el turno de las normas “refundidoras”, tal y como lo hace el 24 de octubre con la Ley del Empleo y el Estatuto de los Trabajadores (28 y 85 páginas, respectivamente).

Ya hay autores, especialistas en esas materias, que están desgranando las novedades, pero en lo que respecta al atropello de la seguridad jurídica, el “legislador” no ha querido posponer la entrada en vigor a fechas posteriores, ya que nada se dice al respecto, entrando en vigor de la forma usual hasta no hace mucho, esto es, a partir del día siguiente al de la publicación en el periódico oficial (para sorpresa del público en general).

No obstante, lo verdaderamente preocupante es el excesivo celo de aprobación de normas en sectores especialmente sensibles ( el procedimiento administrativo, los derechos de los trabajadores, etc), que provoca recelos de una población hastiada de la confusión del político con la norma jurídica a aplicar y con la administración, que es el brazo ejecutor (si el “ejecutivo” lo permite), de los desmanes del legislativo y de que la responsabilidad recaiga en el funcionario de turno que no ha sabido (querido/podido) adquirir la destreza suficiente con la norma que le ha tocado aplicar (carencia de cursos de formación y perfeccionamiento actualizados, preparación profesional, cursos de capacitación, actualización de funciones y catálogos de puestos de trabajo, etc).

Este maremágnum de confusión, es caldo de cultivo propicio para aquellos que desean un cambio de dinámica política que se traduzca en que el principio de seguridad jurídica (saber cual es la norma a aplicar y como hacerlo) sea salvaguardado de la mejor forma posible, con coherencia y pragmatismo y no que se aprueben normas cuyo principio fundamental es la aporía más absoluta.

¿Cuál será el siguiente desmán normativo? Pronto (tememos) lo veremos.

Nueva regulación de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero.

En el BOE del 22 de octubre de 2015 aparece la Ley 47/2015, de 21 de octubre, de protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero. Podría escribirse mucho sobre las modificaciones que supone sobre la anterior normativa y los aspectos que deja tal cual existían hasta ahora. Pero lo cierto y verdad es que destaca el régimen derogatorio para hacernos una idea de la antigüedad de la normativa que se estaba aplicando en la actualidad, alguna preconstitucional y con más de 45 años a sus espaldas:

“Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la presente ley y de modo expreso, el texto refundido de las Leyes 116/1969, de 30 de diciembre, y 24/1972, de 21 de junio, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, aprobado por el Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, y el Reglamento General de la Ley 116/1969, de 30 de diciembre, por la que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, aprobado por el Decreto 1867/1970, de 9 de julio.

Desde estas líneas no vamos a cejar en el empeño de trasladar a los lectores la profusión normativa parlamentaria en este momento preelectoral, pero no es menos cierto que esta norma, con independencia del momento en el que aparece, actualiza y lava la cara a la dispersión normativa existente hasta este momento, introduciendo pocas novedades.

Sobre esto último si hay algo que era muy demandado por un sector y ahora encuentra fiel reflejo en el artículo 3.f) y es el tema de que ahora quedan bajo el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores del Mar los buceadores profesionales con titulación profesional en actividades industriales, es decir, tanto aquellos trabajadores de Plataformas como los que desempeñan sus funciones a bordo de embarcaciones, ya sea como personal de investigación, observadores de pesca y personal de seguridad.

La inclusión en este régimen consideramos que es todo un acierto.

Críticas a la Reforma Procesal (II)

  Cuando en su momento el Ministro de Economía, señor DeGuindos, afirmó que aumento del IVA al 21% no iba a repercutir en el consumidor, sino que lo asumirían y absorberían las empresas, más de un economista conocedor de la realidad contable y financiera de nuestras empresas, dijo que debía de hacer mucho tiempo el Sr. Ministro no había visto una cuenta de resultados de una empresa, o, que no la había visto en su vida.  No sería justo aplicar el mismo trato en materia de Justicia al señor Catalá, ya que obviamente no ha desempeñado su trabajo nunca en relación directa con la materia objeto del ministerio cuya cabeza ostenta, pero tras analizar, aunque sea someramente el texto de la Ley 41/2015, que modifica la LECrim, no cabe más que preguntarse si quién la ha redactado conoce el día a día en los juzgados y como se trabaja en ellos. No quiero incidir más en el asunto de la cantidad de pleitos pendientes y la sobrecarga que sufren los juzgados, pues en el anterior post de mi compañero ya se ha tratado. La cuestión radica en la redacción y tratamiento que se le ha dado al tema de las “prórrogas” que el instructor puede o no conceder, a la cuestión de su pertinencia en otorgarla y de su efecto en el procedimiento. Quisiera centrarme en este post en la última de las cuestiones, pues la primera merece un análisis detallado del mismo y de los supuesto que de la “exégesis” de la norma se desprenden.

   Parece, tras la modificación del artículo 324 de la LECrim por el artículo 6 de la nueva 41/2015, que efectivamente se va a por un límite a la duración de la instrucción:

 “1. Las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas.”

  Esto de por sí podría ser una buena noticia, porque como de todos los que trabajamos día a día con la Justicia, sabemos que en muchos casos la instrucción, sin motivo alguno, más que la carga de trabajo en la mayor parte de los casos, se eterniza. Lógicamente habría para ello que dotar a los juzgados de mucho más personal que en la actualidad o bien elevar notablemente el número de juzgados de instrucción de todo el país (por cierto, ¿hay alguna ley de acompañamiento a esta que recoja este extremo y que la dote de los necesarios recursos económicos?) Pero va a ser que no, porque a continuación se recogen en la norma una serie de circunstancias en las que por una razón o por otra el juez puede otorgar prórroga o prórrogas para la finalización, llegando incluso al punto de decir la ley:

                             ”  el juez concluirá la instrucción cuando entienda que ha cumplido su finalidad

  es decir, a sensu contrario, no la finalizará hasta que no entienda que ha cumplido con su cometido. Dejando de lado la cuestión, ya planteada en el post anterior,  que es el Ministerio Fiscal el que puede solicitar la prórroga y en determinados casos, las partes personadas, lo primero es preguntarse como puede el juez no dar por finalizada una instrucción si se ha acabado el plazo límite y, ni el Ministerio Fiscal ni las partes han solicitado prórroga. Pero la cuestión a tratar es más básica, más primitiva, más necesaria. En el Preámbulo de la Ley se habla agilización, sencillez, evitación de dilaciones innecesarias, etc…, es decir viene a decir que esta ley nace con la vocación de agilizar los procesos penales, pero permítame que se ponga en duda tal extremo, pues el análisis de la ley, en conjunción con la realidad que sufren nuestros juzgados, hace que no sólo esto sea imposible, sino que incluso pueda dilatar aún más la instrucción penal, y todo ello porque, como es bien sabido, existe un número insuficiente de juzgados, insuficiencia de personal, exceso y sobrecarga de asuntos, por lo que es muy frecuente, por no decir habitual, que la instrucción tenga sí o sí que superar los seis meses de plazo que da la nueva ley, por lo que obligatoriamente tendrá que ampliarse dicho plazo y otorgarse la prórroga correspondiente, ya que, en orden a la modificación que ha sufrido el artículo 324 LECrim, el juez no podría no concederla. Pero obsérvese que para el procedimiento de la prórroga se necesita:

  1.- Que lo pida el Ministerio Fiscal, o, en según que casos, las partes.

  2.- La audiencia de las partes.

  3.- Auto del Juez de instrucción.

  Sólo por estas tres cuestiones, sabiendo todo lo que ello conlleva en el trabajo diario de un juzgado, la comunicación con el Ministerio Fiscal, con las partes y con la presentación de sus escritos para alegar todo aquello que a su derecho convenga, tan sólo por todo esto, ya estamos alargando el tiempo de la instrucción penal. Pero además de todo ello téngase en cuenta que la decisión de prorrogar el plazo límite, la evacúa el juez en forma de auto. La nueva Ley 41/2015 dice que el auto que desestime la prórroga es irrecurrible, pero no dice nada del auto que la estime, siendo por ello un auto recurrible, y si la ley no dice otra cosa, dichos autos lo son por reforma y subsidiariamente por apelación. Bastaría que cualquiera de los agentes intervinientes en el asunto (Ministerio Fiscal o partes) recurriese en ambos sentidos, para volver a paralizar la instrucción y dilatar aún más los tiempos. Este caso no es en absoluto descabellado. Piénsese en la situación en la que la instrucción no ha terminado de dar sus frutos, el Ministerio Fiscal solicita prórroga (más tiempo), las partes se oponen porque conviene a sus intereses (más tiempo), el juez dicta auto concediendo la prórroga, y las partes, porque no les conviene dicha prórroga, recurren al propio juzgado en reforma (más tiempo), después en apelación (más tiempo) y designan particulares en otro momento (más tiempo). Todo este proceso, puede llevar mucho tiempo, tiempo que se pierde tan sólo en obtener una prórroga, tiempo en el que la instrucción puede estar detenida, tiempo, en definitiva, que se va a alargar todo el proceso penal, justamente, lo contrario al fin que persigue la modificación de la LECrim.

Críticas a la reforma procesal (I)

El pasado 6 de octubre apareció en el BOE la Ley 41/2015 de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales. Han pasado unos días y cada vez existen más voces discordantes que uniéndose a jueces y fiscales, inciden sobre la imposibilidad de aplicación de algunos de los artículos que la contienen. En este caso los abogados coinciden con los titulares de juzgados y Tribunales. El tema es sencillo y simple a la par que trascendente. ¿Que sucedería si en los plazos previstos (de 6 meses de los procesos más sencillos a 18 meses de las “macrocausas”) no se puede completar la instrucción y se necesita pedir una prórroga? En el art. 324.1 resulta bastante paradigmático que sólo puede realizar la solicitud el Ministerio Fiscal, aunque el resto de los intervinientes procesales (incluido el propio órgano judicial instructor) puedan tener los mismos problemas.  Hemos de irnos más adelante para encontrar lo siguiente (apartado 4):

” Excepcionalmente, antes del transcurso de los plazos establecidos en los apartados anteriores o, en su caso, de la prórroga que hubiera sido acordada, si así lo solicita el Ministerio Fiscal o alguna de las partes personadas, por concurrir razones que lo justifiquen, el instructor, previa audiencia de las demás partes, podrá fijar un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción”.

Una doble cuestión es digna de tener en cuenta:

1.- Con la sobrecarga actual de casos que tiene el Ministerio Fiscal, carencia de medios personales y materiales ¿se dará cuenta el Ministerio Fiscal de que tiene que pedir la prórroga en unos caos si y en otros no? ¿No podría suceder que, ante la tesitura de no darles tiempo material para ver todos los casos, se pida siempre tal prórroga?

2.- ¿Por qué el legislador establece en exclusiva esta posibilidad de solicitar la suspensión al Ministerio Fiscal y después parece desdecirse en el mismo artículo? Y lo que es más preocupante. ¿Pedida una primera prórroga pueden volver a pedirse sucesivas? La fijación de un nuevo plazo para la finalización de la instrucción parece apuntar a ello. ¿Son los 18 meses de instrucción una falacia?

La aplicación de la norma (si al final no se decide postponerla) nos irá mostrando sus aciertos y debilidades (hoy nos hemos centrado en uno de sus aspectos, quizás el más importante para el autor de estas líneas). Pero seguiremos informando en sucesivas entregas (…).

TSUNAMI LEGISLATIVO.

Se ha podido leer en algún lugar que el parlamento español está imbuido en un espíritu de diarrea legislativa, propia del momento preelectoral que vivimos y que desata un tsunami normativo en toda regla. Todo comenzó con la aprobación de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo y la de Régimen Jurídico en un mismo día,  y posteriormente la concesión de subvenciones “por ley”.  Pero esta añagaza parlamentaria con la publicación en el BOE de un tetraedro normativo (véase BOE del día 15 de octubre: http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/15/index.php?s=1) disipa las dudas sobre la fruición de la actividad legislativa de los últimos tiempos.

En ese BOE comienza el trasunto de Leyes con la primera, orgánica, que “actualiza” el código penal militar en un tiempo actual, que como es bien sabido, la guerra está a la orden del día. Continúa con un trio de leyes ordinarias, a saber,  de Sociedades Laborales y Participadas, de Voluntariado y de modificación de la carrera militar (el tema estrella del BOE de ese día, lo “militar”).

Si pueden, lean las cuatro leyes. Y no se asombren de las aparentes contradicciones en alguna de ellas, o léxico ditirambado de otras. La invención también se encuentra a la orden del día (especialmente disparatado art. 19 de la Ley 44/2015 que se refiere a las sociedades participadas). Otro tema es la entrada en vigor desde la publicación de las normas, cada una “a su bola”. El código penal militar a los tres meses, la del voluntariado al día siguiente, la de sociedades laborales y participadas  a los 30 días y la que modifica artículos de la carrera militar al día siguiente. Seguridad jurídica 100% garantizada. A ello añadimos que las leyes de procedimiento y régimen jurídico comentadas anteriormente, entraban en vigor al año de su publicación (algunos artículos lo hacen antes). Y aún quedan 2 meses por delante para las elecciones.

En fin, de todo lo anterior hemos de colegir que la producción normativa se encuentra en un momento álgido, cuantitativamente hablando y paupérrimo desde el punto de vista cualitativo. Los efectos de estos desmanes puede que lo paguemos en el siguiente régimen parlamentario, tras las elecciones, si como vaticinan las encuestas, se produce cambio de gobierno y de mayorías parlamentarias. Todo lo aprobado en los últimos tiempos podría convertirse en “papel mojado” para vergüenza de este país.

TRAGSA. El T.S. declara que el ERE de 2013 era válido.

Los medios de comunicación se hacen eco de la noticia de que el Supremo da por válido el ERE de TRAGSA (el Grupo Tragsa forma parte del grupo de empresas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, para la ejecución de obras y servicios de desarrollo rural, conservación medioambiental y actuaciones de emergencia), despido colectivo iniciado en septiembre de 2013 y que la Audiencia Nacional, el 28 de marzo de 2014 anuló ya que decía que no se facilitó toda la documentación contable exigida, la “falta de concreción” en las causas invocadas en la comunicación final del ERE a los representantes de los trabajadores y finalmente la vulneración de los principios “de igualdad, mérito y capacidad” y que son, según ese Tribunal, de obligado cumplimiento por cualquier Administración que considere una medida como la adoptada y que además deben garantizarse. Los jueces del Tribunal Supremo estiman que la empresa se ajustó a todos estos requisitos, de acuerdo a lo que se puede leer en los medios de comunicación.

La noticia puede leerse, entre otros lugares: http://economia.elpais.com/economia/2015/10/14/actualidad/1444822025_075696.html

¿Qué significa en la práctica? Si la primera sentencia proscribía el expediente de regulación de empleo y esta segunda lo ampara, TRAGSA podría proceder a realizar los despidos planeados. ¿Es conveniente en el momento en el que nos encontramos, hacerlo de esta manera? Pronto veremos lo que vaya a suceder. Me temo que nada bueno.

Ejemplo de Decreto-Ley fallido.

La Resolución de 28 de septiembre de 2015, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de la derogación del Decreto-ley 4/2015, de 27 de agosto, por el que se modifican determinados artículos de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y se adoptan otras medidas urgentes, es una de esas ocasiones en las que a todos aquellos estudiosos del derecho que nos apasionan unos temas más que otros, podemos empezar  a fantasear con la doctrina de la convalidación y su evolución, así como los problemas de “culminación” que se dan en ocasiones:

“El Pleno del Parlamento de Andalucía, el día 23 de septiembre de 2015, en el transcurso de la sesión celebrada los días 23 y 24 del mismo mes y año, ha acordado no convalidar el Decreto-ley 4/2015, de 27 de agosto, por el que se modifican determinados artículos de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y se adoptan otras medidas urgentes, quedando en consecuencia derogado”

El Decreto-Ley pretendía equiparar a efecto de concursos el tiempo de servicios prestado como interino de aquellos funcionarios de carrera que quisieran participar en un traslado. Y como es bien sabido, no hubo acuerdo y por ende se rechaza su convalidación. Conozco algunos casos (pocos) y es el primero (si la memoria no me falla) en Andalucía. No es ni bueno ni malo para el mundo del derecho, se trata de un avatar posible y que raramente se produce. Artículos doctrinales sobre el asunto de textos convalidables existen muchos, baste con dar un paseo por la red para encontrar de bastante enjundia y no voy a realizar una reproducción o dictado de los principales. Simplemente ma llamó la atención y por eso lo cuento.

Gracias.