Críticas a la Reforma Procesal (II)

  Cuando en su momento el Ministro de Economía, señor DeGuindos, afirmó que aumento del IVA al 21% no iba a repercutir en el consumidor, sino que lo asumirían y absorberían las empresas, más de un economista conocedor de la realidad contable y financiera de nuestras empresas, dijo que debía de hacer mucho tiempo el Sr. Ministro no había visto una cuenta de resultados de una empresa, o, que no la había visto en su vida.  No sería justo aplicar el mismo trato en materia de Justicia al señor Catalá, ya que obviamente no ha desempeñado su trabajo nunca en relación directa con la materia objeto del ministerio cuya cabeza ostenta, pero tras analizar, aunque sea someramente el texto de la Ley 41/2015, que modifica la LECrim, no cabe más que preguntarse si quién la ha redactado conoce el día a día en los juzgados y como se trabaja en ellos. No quiero incidir más en el asunto de la cantidad de pleitos pendientes y la sobrecarga que sufren los juzgados, pues en el anterior post de mi compañero ya se ha tratado. La cuestión radica en la redacción y tratamiento que se le ha dado al tema de las “prórrogas” que el instructor puede o no conceder, a la cuestión de su pertinencia en otorgarla y de su efecto en el procedimiento. Quisiera centrarme en este post en la última de las cuestiones, pues la primera merece un análisis detallado del mismo y de los supuesto que de la “exégesis” de la norma se desprenden.

   Parece, tras la modificación del artículo 324 de la LECrim por el artículo 6 de la nueva 41/2015, que efectivamente se va a por un límite a la duración de la instrucción:

 “1. Las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas.”

  Esto de por sí podría ser una buena noticia, porque como de todos los que trabajamos día a día con la Justicia, sabemos que en muchos casos la instrucción, sin motivo alguno, más que la carga de trabajo en la mayor parte de los casos, se eterniza. Lógicamente habría para ello que dotar a los juzgados de mucho más personal que en la actualidad o bien elevar notablemente el número de juzgados de instrucción de todo el país (por cierto, ¿hay alguna ley de acompañamiento a esta que recoja este extremo y que la dote de los necesarios recursos económicos?) Pero va a ser que no, porque a continuación se recogen en la norma una serie de circunstancias en las que por una razón o por otra el juez puede otorgar prórroga o prórrogas para la finalización, llegando incluso al punto de decir la ley:

                             ”  el juez concluirá la instrucción cuando entienda que ha cumplido su finalidad

  es decir, a sensu contrario, no la finalizará hasta que no entienda que ha cumplido con su cometido. Dejando de lado la cuestión, ya planteada en el post anterior,  que es el Ministerio Fiscal el que puede solicitar la prórroga y en determinados casos, las partes personadas, lo primero es preguntarse como puede el juez no dar por finalizada una instrucción si se ha acabado el plazo límite y, ni el Ministerio Fiscal ni las partes han solicitado prórroga. Pero la cuestión a tratar es más básica, más primitiva, más necesaria. En el Preámbulo de la Ley se habla agilización, sencillez, evitación de dilaciones innecesarias, etc…, es decir viene a decir que esta ley nace con la vocación de agilizar los procesos penales, pero permítame que se ponga en duda tal extremo, pues el análisis de la ley, en conjunción con la realidad que sufren nuestros juzgados, hace que no sólo esto sea imposible, sino que incluso pueda dilatar aún más la instrucción penal, y todo ello porque, como es bien sabido, existe un número insuficiente de juzgados, insuficiencia de personal, exceso y sobrecarga de asuntos, por lo que es muy frecuente, por no decir habitual, que la instrucción tenga sí o sí que superar los seis meses de plazo que da la nueva ley, por lo que obligatoriamente tendrá que ampliarse dicho plazo y otorgarse la prórroga correspondiente, ya que, en orden a la modificación que ha sufrido el artículo 324 LECrim, el juez no podría no concederla. Pero obsérvese que para el procedimiento de la prórroga se necesita:

  1.- Que lo pida el Ministerio Fiscal, o, en según que casos, las partes.

  2.- La audiencia de las partes.

  3.- Auto del Juez de instrucción.

  Sólo por estas tres cuestiones, sabiendo todo lo que ello conlleva en el trabajo diario de un juzgado, la comunicación con el Ministerio Fiscal, con las partes y con la presentación de sus escritos para alegar todo aquello que a su derecho convenga, tan sólo por todo esto, ya estamos alargando el tiempo de la instrucción penal. Pero además de todo ello téngase en cuenta que la decisión de prorrogar el plazo límite, la evacúa el juez en forma de auto. La nueva Ley 41/2015 dice que el auto que desestime la prórroga es irrecurrible, pero no dice nada del auto que la estime, siendo por ello un auto recurrible, y si la ley no dice otra cosa, dichos autos lo son por reforma y subsidiariamente por apelación. Bastaría que cualquiera de los agentes intervinientes en el asunto (Ministerio Fiscal o partes) recurriese en ambos sentidos, para volver a paralizar la instrucción y dilatar aún más los tiempos. Este caso no es en absoluto descabellado. Piénsese en la situación en la que la instrucción no ha terminado de dar sus frutos, el Ministerio Fiscal solicita prórroga (más tiempo), las partes se oponen porque conviene a sus intereses (más tiempo), el juez dicta auto concediendo la prórroga, y las partes, porque no les conviene dicha prórroga, recurren al propio juzgado en reforma (más tiempo), después en apelación (más tiempo) y designan particulares en otro momento (más tiempo). Todo este proceso, puede llevar mucho tiempo, tiempo que se pierde tan sólo en obtener una prórroga, tiempo en el que la instrucción puede estar detenida, tiempo, en definitiva, que se va a alargar todo el proceso penal, justamente, lo contrario al fin que persigue la modificación de la LECrim.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

FiscalBlog

Un blog sobre derecho tributario, el Derecho y la Economía en general, la práctica profesional y algunas reflexiones más.

Blog de Francisco Velasco

Blog independiente

Con Acento Jurídico

Derecho administrativo y Administración local

El derecho y el revés

El objetivo de este blog es contribuir al debate jurídico con personas que no están seguras de tener razón.

UNA MIRADA CRÍTICA A LAS RELACIONES LABORALES

Por Ignasi Beltran de Heredia Ruiz. Blog de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Reflexiones de un interventor

Reflexiones de un interventor sobre gasto público, presupuesto y contratación.

Administraciones Públicas y su personal

Empleados públicos en el laberinto

trabajandomasporunpocomenos

Administración Pública 2.0 ... nuestro hashtag: #Admon20

Where´s my mind?

Análisis y opinión política

ALEGO-EJALE

EUSKO JAURLARITZAREN LETRADUEN ELKARTEA - ASOCIACIÓN DE LETRADAS Y LETRADOS DEL GOBIERNO VASCO

el cambio administrativo

cómo adaptar mi administración a la nueva realidad

Fiscalizacion.es

Control de los fondos públicos

LA MIRADA INSTITUCIONAL

Rafael Jiménez Asensio. Consultor, formador, jurista y profesor universitario. Estudio Sector Público SLPU

Global Politics and Law

Un sitio de Derecho y de Política

Miguel Ángel Blanes

Blog de Transparencia y Gobierno Abierto - Transparency and Open Government

Neuronaliberal

«El estado es la gran ficción por la cual todo el mundo busca vivir a costa de todos los demás.»

A <span>%d</span> blogueros les gusta esto: