Recuperación de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 (funcionarios)

El B.O.E de 30 de octubre de 2015 contiene la Ley de Presupuestos estatal a aplicar en el 2016. Existen muchos aspectos modificatorios de otras leyes (respetando lo que el tsunami legislativo no ha arrollado), que podríamos tratar más adelante, pero en lo que hoy respecta a este asunto en cuestión, nos hacemos eco de la recuperación de la parte proporcional de la paga extraordinaria dejada de percibir en diciembre de 2012 por los funcionarios de las Administraciones Públicas (existe mucha literatura periodística al respecto con opiniones para todos los gustos sobre la medida adoptada en su día de no abonar la extra al personal de las administraciones públicas) y que ahora, esta norma, trata de “arreglar”.

Empieza así la Disposición Adicional Duodécima Uno:

1. Cada Administración Pública, en su ámbito, podrá aprobar dentro del ejercicio 2016, y por una sola vez, una retribución de carácter extraordinario cuyo importe será el equivalente a las cantidades aún no recuperadas de los importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, con el alcance y límites establecidos en la presente disposición.”

El alcance de la palabra “podrá” viene a significar que se puede hacer, que es potestad ed cada administración elegir este camino o no, pero se ha de circunscribir a 91 días de ese período (3 meses de los 6 del período), es decir, el 50% de la paga extra que aún no han percibido, pues el restante 50 % lo han debido de ver en sus nóminas en algún momento del ejercicio 2015. Sin embargo este asunto es una falacia, ya que existen algunas Comunidades Autónomas (señaladamente la andaluza) y Consistorios Locales con personal a su servicio que aún no cobraron absolutamente nada de la extra que les pertenecía. Esto conlleva que el trato igualitario en cuanto a la percepción de retribuciones por las administraciones públicas se convierta en “papel mojado”, ya que muchos que aún no han cobrado los emolumentos extra correspondientes al primer 50%, ven como esta ley se refiere al segundo 50%.

Si seguimos leyendo el texto (página 102.121), el apartado 3 vincula la aprobación de las medidas “recuperatorias” de lo indebidamente cercenado a lo siguiente:

“… teniendo en cuenta su situación económico-financiera …”

Esto viene a decir, en la práctica, que si una administración concreta dice no tener dinero, estas retribuciones no se van a percibir “sine die”. Estoy pensando en las decenas de miles de funcionarios que no verán reembolsados lo no percibido durante el año que entra, y lo que es peor, en un escenario de crisis (seguimos en ella aunque parezca que la cosa va mejor), no ven que estas retribuciones las vayan a percibir en un futuro, ni cercano ni lejano, y menos aún, se apliquen intereses de demora sobre lo que se ha dejado de percibir, siguiendo la práctica de la administración de cobrar intereses sobre las cantidades que han dejado de cobrar de los administrados cuando se retrasan en abonar alguna tasa, impuesto, contribución especial, exacción parafiscal o similares.

¿Qué pasará? Pronto lo podrán leer en su medio de información favorito.

Publicado por Antonio Ager

Amante y apasionado del derecho administrativo, en todas sus ramas y variantes, derecho de las nuevas tecnologías, transparencia y protección de datos, ...

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