Circular 5/2015 de la Fiscalía General del Estado sobre los nuevos plazos de instrucción previstos en el art. 324 LECrim

Para general conocimiento se adjunta la  Circular que entre otras cosas aclara a los trabajadores de la Fiscalía la aplicación de la nueva redacción artículo referido. Este precepto  fija un plazo de 6 meses para instruir  los asuntos simples y de 18 meses para la investigación de los más complejos, posibilitando su ampliación de forma excepcional a solicitud de la Fiscalía o las distintas partes personadas en un sumario.

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Primera aplicación del nuevo art. 81.7 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Una de las reformas postreras que se han llevado a cabo desde el Parlamento, fue la modificación de determinados preceptos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

En aquél lugar se dice lo siguiente:

” … Se modifica el artículo 87, que queda redactado en los siguientes términos:

1. Todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva.

En particular, el Tribunal Constitucional podrá acordar la notificación personal de sus resoluciones a cualquier autoridad o empleado público que se considere necesario.

2. Los Juzgados y Tribunales prestarán con carácter preferente y urgente al Tribunal Constitucional el auxilio jurisdiccional que éste solicite.

A estos efectos, las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional tendrán la consideración de títulos ejecutivos”.

Pues aprovechando el momento actual en relación con el asunto catalán, o incluso preveyendo el legislador que sucedería algo similar a lo actual (Resolución del Parlamento catalán, adoptada por mayoría absoluta de sus miembros de iniciar un proceso constituyente, no entramos en este blog a valorar los aspectos políticos del asunto, sólo se realiza en cuanto a los aspectos meramente jurídicos), en el BOE de hoy encontramos la “Impugnación de resolución autonómica (Título V LOTC) n.º 6330-2015, contra la Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña, de 9 de noviembre de 2015, «sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015» y su Anexo.”

Así, el propio Tribunal Constitucional es muy elocuente en cuanto a la motivación para adoptar esta medida:

“… Se hace constar que por el Gobierno se ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución, lo que, a su tenor y conforme dispone el artículo 77 LOTC, produce la suspensión de la Resolución impugnada y su Anexo (desde hoy, fecha de interposición del recurso, para las partes del proceso y desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros). Conforme al artículo 87.1 LOTC, sin perjuicio de la obligación que dicho precepto impone a todos los poderes públicos de cumplir las resoluciones de este Tribunal, y de acuerdo con lo pedido por la parte recurrente, notifíquese personalmente la presente resolución a la Presidenta del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña, al Secretario General del Parlamento de Cataluña y al Presidente y demás miembros del Consejo de Gobierno en funciones de la Generalitat de Cataluña. Se les advierte, asimismo, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.”

Es decir, intenta poner el cascabel al gato, indicando aquellas personas que a juicio del Tribunal, y entre otros, podrían ser culpables del posible incumplimiento de la providencia dictada por el Tribunal. Recordemos que la admisión a trámite conlleva la suspensión de la Resolución recurrida hasta que se dicte Sentencia, de forma que carece de eficacia la Resolución impugnada. Cualquier acto que se dicte o ejecute en cumplimiento de la disposición suspendida conllevará el inicio de aquellas acciones de responsabilidad que la providencia invoca.

Asunto Cataluña: El Tribunal Constitucional no suspende el debate en el Parlamento catalán

Dejando a un lado el debate secesionista/separatista/independentista o como se quiera denominar, traemos hoy a colación el esperado pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la suspensión cautelar que han pedido el PP y Ciudadanos para que se celebrara el debate del próximo 9 de noviembre, en el seno del Parlamento catalán, la propuesta de resolución por la que se “desconectarán” del resto del país.

El propio Tribunal Constitucional demuestra su buen hacer con el siguiente pensamiento plasmado a continuación en lo ayer dictado:

“Este Tribunal ha destacado, como uno de los fundamentos del sistema democrático, que el Parlamento es la sede natural del debate político y que el eventual resultado del debate parlamentario es cuestión que no debe condicionar anticipadamente la viabilidad misma del debate”

Es decir, que sería cuando el Parlamento catalán se pronuncie, cuando el Tribunal decidirá si la Resolución adoptada se encuentra conforme a la Constitución, pero en este momento se decide no suspender la convocatoria de debate en ese seno, pero si admite a trámite el recurso presentado.

El propio Tribunal sigue con la exposición fundamentada de su motivación y que viene a decir que corresponde al Parlamento catalán velar para que la actuación planteada,  “… se desarrolle en el marco de la Constitución… “, ya que  “… son las asambleas parlamentarias, en su condición de poderes constituidos, las que en primer lugar deben velar porque sus decisiones se acomoden, en todo momento, a la Constitución”, teniendo como principio el deber de ” … fidelidad a la Constitución … “ de todos los poderes públicos que se han de configurar como  “… soporte esencial del funcionamiento del Estado autonómico…” . No obstante el Tribunal Constitucional tiene en su mano el pronunciamiento que sea sobre cualquier cuestión, siguiendo los dictados de la Constitución española “…cuando así se le pida…”.

El próximo lunes empezaremos a presenciar las disquisiciones jurídicas de la cuestión y el recorrido que tenga la misma.

Comentario de urgencia sobre el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE del 31 de octubre).

1.- Justificación de este texto. Preámbulo.

A pesar de la literatura referente a la integración de todas las modificaciones en un texto único, a través de “la actualización, aclaración y armonización de las distintas leyes que lo conforman, dando lugar a un nuevo texto, completo y sistemático”, introducción de “todas aquellas normas que son necesarias para evitar que se produzca un vacío legal” y que se ha procedido a “ajustar la numeración de las disposiciones como consecuencia de las distintas derogaciones que ya se habían producido con anterioridad”, este texto no es más que un remedo de lo ya existente, desaparece un artículo (82 bis que ahora es un apartado del art. 82) y la renumeración es mínima (disposiciones adicionales y por razones obvias dos transitorias una final y la derogatoria), permaneciendo la numeración original exactamente igual a la existente, refundiéndose sobre si misma, de forma inexplicable y ditirámbica.

En resumidas cuentas, el preámbulo se basa en una falacia de difícil discernimiento jurídico, pero con aplicación práctica desde el día siguiente al de su publicación (excepto algunos asuntos menores).

2.- Modificaciones “stricto sensu”.

Se introducen las novedades ya aprobadas un día antes en la Ley de Presupuestos para 2016, con un nuevo párrafo en el art. 50 y una nueva Disposición adicional 16:

2.1.- Art. 50.2. Vacaciones de los funcionarios públicos:

Cuando las situaciones de permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia o riesgo durante el embarazo impidan iniciar el disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, o una vez iniciado el periodo vacacional sobreviniera una de dichas situaciones, el periodo vacacional se podrá disfrutar aunque haya terminado el año natural a que correspondan y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.”

2.2.- Disposición adicional 16:

Permiso retribuido para las funcionarias en estado de gestación.

Cada Administración Pública, en su ámbito, podrá establecer a las funcionarias en estado de gestación, un permiso retribuido, a partir del día primero de la semana 37 de embarazo, hasta la fecha del parto.

En el supuesto de gestación múltiple, este permiso podrá iniciarse el primer día de la semana 35 de embarazo, hasta la fecha de parto.”

2.3.- Otras modificaciones.

Además de lo anterior se produce la recuperación “de iure”de los 6 días se asuntos particulares (Real Decreto Ley 10/2015, de 11 de septiembre) y el permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave (Ley 27/2011, de 1 de agosto) concretamente refrendado en los arts 48.k) y 49.e) respectivamente.

También se hace referencia al registro de Órganos de representación del Personal (D.A. 15); se concede un permiso retribuido para las funcionarias en estado de gestación a partir del día primero de la semana 37 de embarazo hasta la fecha del parto, que en el caso de embarazo múltilple podría iniciarse desde la semana 35 de embarazo (D.A. 16); y la Disposición Transitoria 8ª que se refiere a la aplicación del art.84.3. es decir, aquellos funcionarios que obtengan puestos de libre designación en otra Administración Pública, lo referente al cese en el puesto de libre designación, sólo resultará aplicable si en la Administración Pública de destino se ha aprobado la ley de desarrollo. Ello supone en la práctica que el funcionario cesado podría quedar en el limbo administrativo.

3.- Conclusión.

Esta disposición normativa no llega a refundir nada, ni hace nueva distribución del articulado, ni introduce novedades reseñables, ni siquiera adapta la multitud de cambios legislativos (pocos, muy pocos en una materia tan importante como esta) que se han producido, sólo los copia, a pesar de la escasa modificación producida en el texto original últimos tiempos. Es, en terminología de rugby, “una patada adelante” de una norma que debería haberse adaptado a los nuevos tiempos, ni siquiera se han modificado aspectos de especial trascendencia jurñidico-administrativa (carrera, retribuciones, planificación, evaluación de puestos de trabajo y un largo etcétera) y si existían ideas novedosas a aplicar en el régimen de los funcionarios públicos (a la profusa literatura jurídica me remito), estas estarán aguardando mejor oportunidad de ver la luz. Una gran oportunidad perdida para la mejora de la función pública que parece haber caído en desgracia en los últimos años.

Los destrozos del tsunami refundidor (I): Estatuto Básico del Empleado Público.

La barbarie legislativa, fruto de la más desazonadora terminación del ciclo normativo en el que estamos inmersos, tiene una de sus últimas manifestaciones esperpénticas en una triada de  materias que afectan a la ciudadanía, por un lado al servidor público, por otro a todos aquellos que nos hemos de ver con el tráfico y finalmente con las prestaciones sociales que tarde o temprano nos afecta a cada uno de los que formamos parte de este país. No se entiende muy bien como unas materias tan sensibles como el Estatuto Básico de los Empleados PúblicosSeguridad SocialTráfico y Ley del Suelo y Ordenación Urbana  se toman tan a la ligera a la hora de refundir sus textos.

En esta primera entrega, referente al texto refundido del Estatuto Básico de los Empleados Públicos, de 100 interesantes artículos, ya conocidos y con escasas modificaciones, de una forma muy somera, con independencia de entrar en profundidad más adelante, trata entre otras cuestiones, las siguientes (como novedades principales):

  • La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, regulaba el permiso retribuido para las funcionarias en estado de gestación, que ahora se recogen en este texto refundido.
  • Se recuperan los días de asuntos particulares y vacaciones de los empleados públicos, que no supone más que trasladar los cambios legislativos recientes al texto actualmente vigente.
  • Aquellas personas que tras la enfermedad se hayan dado de alta y no hayan disfrutado del período vacacional, podrán hacerlo ahora.
  • En los casos de violencia terrorista se mejoran las condiciones en materia de movilidad, jornadas, permisos y situaciones administrativas .
  • Se cambia en parte los permisos por cuidado de hijo menor afectado por enfermedad grave y para los casos de acogimiento pre adoptivo y adopción.

Luis Diez-Picazo: Un maestro

Luis Díez-Picazo nos ha dejado. Mi primer acercamiento al derecho civil fue con su prosa fluida. D.E.P.

El Blog del Notario

Luis Diez-Picazo Esta mañana me he enterado, por las redes sociales, del fallecimiento de D. Luis Diez-Picazo y Ponce de León el pasado 30 de octubre. La noticia me ha causado profunda tristeza.

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