Feliz 2016

Quisiéramos comenzar dedicando  unas palabras a todos aquellos (aún pocos) que nos siguen, deseándoles lo mejor para este 2016 que se avecina.

Pero no sólo eso, vamos a realizar un brevísimo resumen  de páginas y blogs curiosos que vamos a enlazar a continuación, como resumen de fin de año.

El primero, por la importancia que consideramos que tiene, y por ser el blog de cabecera de este lugar, está “Contencioso” de J.R. Chaves, gran magistrado, excelente escritor jurídico, y grande en muchas otras cosas, que, como siempre, nos alumbra con los mejores blogs de 2015 (obviamente no aparecemos aún ahí, casi acabamos de empezar y el tiempo para dedicarle es limitado). Es muy interesante: http://contencioso.es/2015/12/31/ranking-2015-de-los-20-blogs-juridicos-mas-populares/#more-949356

Otro deliciosa perla jurídica es el de Verónica del Carpio (la hemos descubierto recientemente) que se “descuelga”, en su última entrega, con la posible compra de un coche usado al Sr. Rajoy. No tiene desperdicio: https://elotroblogdeveronicadelcarpio.wordpress.com/

“No se trata de hacer leer” es otro de los blogs que no deja indiferente a nadie. Ruego realicen una lectura de sus últimos artículos sobre la reforma constitucional.

Luis Cazorla es otro de los que son paradigma y máxima expresión de la escritura cercana, sin abandonar lo académico, experto en el mundo jurídico mercantil. Es otro de los blogs de cabecera que tenemos los componentes de esta página que ahora está leyendo. El enlace: http://luiscazorla.com/

Seguimos con otro que tiene un curioso título: “Raymond de Villefort” .Siempre atinado y acertado, intercambia pequeñas notas de humor con artículos densos y muy interesantes (de fácil lectura y comprensión, no obstante) e históricos. Para no perdérselo.

Emilio Calatayud es un magistrado que no deja indiferente a nadie. La claridad de sus sentencias y exposiciones orales, su implicación con el mundo del menor, y sus ejemplarizantes textos, son un soplo de aire fresco en esa materia.

Hay muchos más, pero tampoco pretendemos “amargar” el fin de año con decenas de páginas jurídicas, ya que estamos de descanso interanual (que menos que un par de días y el fin de semana).

Con el mejor de los deseos para el nuevo año, reciban un cordial saludo.

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¿FELICES FIESTAS?

Una vez celebradas las elecciones con el resultado cierto y gobierno incierto; producidos los tsunamis normativos del final de la legislatura; analizado el tema catalán y la función pública; novedades procesales; etc, es el momento de recapitular lo acaecido durante el año que nos deja y afrontar el nuevo periplo anual con ánimos renovados, coadyuvando al conocimiento del derecho, cada uno desde nuestras posiciones desde el punto de vista del conocimiento.

Es lógico y deseable que nuestra ciencia jurídica avance firme y decididamente hacia el futuro incorporando todo aquello que las nuevas tecnologías nos aportan, acercamiento de la ciudadanía a la administración, una justicia informatizada y más ágil, y unos estudios jurídicos (facultades, másters  y divulgación doctrinal, entre otras) actualizados y evolucionados, que generen tan magníficos profesionales como los que en la actualidad se encuentran en lo más alto de los diversos campos jurídicos.

En resumidas cuentas, aparte de los deseos de paz, amor, salud, felicidad y todos aquellos que se nos ocurran, en el mundo jurídico podríamos elevar a dogma aquello que Ulpiano, jurista nacido en la actual Siria,  dijo en su día: “Estos son los mandamientos de derecho: vivir honestamente, no ofender a los demás y dar a cada uno lo suyo”. Creo que así podemos ser felices (jurídicamente hablando).

Buena entrada de año y felices fiestas (ahora si).

 

 

  Breves reflexiones de un abogado sobre la Circular 5/2015 de la Fiscalía General del Estado. 

   
    De manera concisa, sobre la Circular 5/2015 de la Fiscalía General del Estado, cabe extraer, en lo que nos atañe a los abogados en ejercicio, tres conclusiones claras:

   – El Ministerio Fiscal, tal y como se preveía y como podía extraerse de otros modificaciones legales anteriores, adopta un papel esencial  en las instrucción de las causas penales, con facultades para regular el tempo de las actuaciones procesales. Las recomendaciones contenidas en dichas Circular van encamidas, en lo tocante a los plazos, a entender los mismos de la forma más amplia posible, facilitando su alargamiento, y por ende,  mi entender, tratando de socavar el espíritu la letra de la modificación legislativa que trata de poner un límite temporal a la dilatación de la fase de instrucción.

  – En linea con lo anterior y puesto en relación con nuestros anteriores comentarios a la reforma de la LECrim, cabe preguntarse ¿ Para que poner unos límites temporales a la instrucción si después, a tavés de prórrogas, interrupciones de plazo, recursos, etc…, ésta puede demorarse tanto o más que antes?  Es particularmente llamativo el comentario en la Circular referida al hecho de que la denegación de prórroga por parte del juez instructor no impide que pueda volver a plantearse en otro momento procesal (¿cuál, si dichos límites se encuentan para esta fase procesal, no otra?)

  –  Y finalmente, aunando los criterios establecidos en esta circular y las modificaciones de la LECrim, una reflexión: ¿Es realmente necesario sobrecargar de trabajo al Ministerio Fiscal y de paso dejar en manos de la parte acusadora el desarrollo y llegada a buen puerto de la fase de instrucción de los procedimientos?

Sentencia del T.C. sobre determinados artículos de la Ley 1/2011 de 17 de febrero de reordenación del sector público de Andalucía.

 

SENTENCIA_TRIBUNAL_CONSTITUCIONAL Ley de Reordenación del Sector Público andaluz (1)

Se adjunta (haz click arriba) la Sentencia de 19 de noviembre de 2015 del Tribunal Constitucional que se dicta en el recurso de inconstitucionalidad 2733-2011, promovido por 50 diputados del grupo parlamentario andaluz contra determinados artículos de la Ley 1/2011, en concreto aquellos que modificaron algunos artículos de la Ley 9/2007 de Administración de la Junta de Andalucía que se referían a las entidades instrumentales de la Comunidad autónoma reseñada anteriormente.

Esta sentencia contiene un voto particular discrepante, firmado por dos magistrados, que es muy instructivo.

Con independencia de que el lector analice la sentencia y extraiga sus propias conclusiones, la de los autores de este blog son las siguientes:

1.- El recurrente parece no argumentar de forma jurídicamente suficiente, a juicio del Tribunal (y de los autores de este blog), lo que se impugna, no tanto por la claridad de los preceptos recurridos, sino por la motivación excesivamente genérica que se realiza.

2.- No obstante lo anterior, queda suficientemente claro que los recurrentes pretenden que no se siga produciendo la “huida del derecho administrativo”. Y queda manifiestamente claro en numerosas referencias, ora directas, ora indirectas, sobre este particular. Y los únicos que parecen darse cuenta de ello son los firmantes del voto particular.

3.- Es grave la reinterpretación que hace el Tribunal sobre el petitum del recurrente. El Tribunal realiza un artificio constructivo, de forma que se expresa en el sentido de la posibilidad que tienen las Agencias, como entidades instrumentales al Servicio de la Administración andaluza, de ejercer potestades públicas ya que tienen en su seno funcionarios. Lo pone en relación con la igualdad de funcionarios y laborales, sirviéndose del art. 14 de la Constitución para ello (desconociendo voluntariamente las diferencias que establecen las leyes que regulan la materia funcionarial y en concreto las establecidas en el Estatuto Básico del Empleado Público -ahora texto refundido-). Tras construir todo este artificio añade que (página 48),

“… las leyes que regulen la integración de funcionarios deben ser generales, abstractas …”

¿Dónde queda a seguridad jurídica del funcionario?

4.- Consecuencia de lo anterior, se “saca de la manga” el concepto  de su “canon de enjuiciamiento” (página 48) que no es más que una reinterpretación contumaz de lo que quiere el recurrente, adaptándolo a lo que el Tribunal parece querer resolver,  poniéndolo en conexión con el “canon de la igualdad” (página 49), para que del “gazpacho” obtenido se adopte la única solución posible, que el recurrente, en referencia a la integración forzosa del personal funcionario en la Agencia de turno,

“no ha razonado suficientemente la pertinencia de la premisa dela que parte su impugnación, esto es, no ha acreditado cuándo y cómo se producirá efectivamente la pretendida homogeneización salarial; circunstancia que, desde la perspectiva actual, no deja de ser una mera hipótesis”

Es decir, la inamovilidad del funcionario, derecho reconocido doctrinal y jurisprudencialmente, que sólo puede removerse en momentos tasados, ya no existe (a juicio del Tribunal). Y ello es un error mayúsculo.

5.-  Hay que irse a la última página para poder estar de acuerdo con el Tribunal en una cosa: impugnación de la disposición derogatoria única (recomiendo su lectura, aunque se pronuncie de una manera poco clara).

6.- El altamente didáctico voto particular merece la pena ser leído y después enmarcarlo o guardarlo en los anaqueles del derecho administrativo. Cinco páginas de conceptos claros y sencillos, en el que se realiza una recopilación del acervo administrativo en el campo de vaciamiento competencial de las funciones administrativas, huida del derecho administrativo incluida, cuyo punto álgido se encuentra en la página 4, cuya transcripción realizamos:

El propio legislador andaluz parece, por otra parte, contradecirse a si mismo, cuando, por ejemplo, en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, establece en términos categóricos que las entidades locales “no podrán crear agencias públicas empresariales para el ejercicio de actividades administrativas” (art.35.1). Es decir, en el mismo ordenamiento andaluz se excepciona a la Administración Autonómica de la prohibición que impone a las Administraciones Locales, y no sólo eso, sino que convierte a la agencia pública empresarial en el eje para la gestión ordinaria de las actividades administrativas de la Comunidad Autónoma”