Sentencia del T.C. sobre determinados artículos de la Ley 1/2011 de 17 de febrero de reordenación del sector público de Andalucía.

 

SENTENCIA_TRIBUNAL_CONSTITUCIONAL Ley de Reordenación del Sector Público andaluz (1)

Se adjunta (haz click arriba) la Sentencia de 19 de noviembre de 2015 del Tribunal Constitucional que se dicta en el recurso de inconstitucionalidad 2733-2011, promovido por 50 diputados del grupo parlamentario andaluz contra determinados artículos de la Ley 1/2011, en concreto aquellos que modificaron algunos artículos de la Ley 9/2007 de Administración de la Junta de Andalucía que se referían a las entidades instrumentales de la Comunidad autónoma reseñada anteriormente.

Esta sentencia contiene un voto particular discrepante, firmado por dos magistrados, que es muy instructivo.

Con independencia de que el lector analice la sentencia y extraiga sus propias conclusiones, la de los autores de este blog son las siguientes:

1.- El recurrente parece no argumentar de forma jurídicamente suficiente, a juicio del Tribunal (y de los autores de este blog), lo que se impugna, no tanto por la claridad de los preceptos recurridos, sino por la motivación excesivamente genérica que se realiza.

2.- No obstante lo anterior, queda suficientemente claro que los recurrentes pretenden que no se siga produciendo la “huida del derecho administrativo”. Y queda manifiestamente claro en numerosas referencias, ora directas, ora indirectas, sobre este particular. Y los únicos que parecen darse cuenta de ello son los firmantes del voto particular.

3.- Es grave la reinterpretación que hace el Tribunal sobre el petitum del recurrente. El Tribunal realiza un artificio constructivo, de forma que se expresa en el sentido de la posibilidad que tienen las Agencias, como entidades instrumentales al Servicio de la Administración andaluza, de ejercer potestades públicas ya que tienen en su seno funcionarios. Lo pone en relación con la igualdad de funcionarios y laborales, sirviéndose del art. 14 de la Constitución para ello (desconociendo voluntariamente las diferencias que establecen las leyes que regulan la materia funcionarial y en concreto las establecidas en el Estatuto Básico del Empleado Público -ahora texto refundido-). Tras construir todo este artificio añade que (página 48),

“… las leyes que regulen la integración de funcionarios deben ser generales, abstractas …”

¿Dónde queda a seguridad jurídica del funcionario?

4.- Consecuencia de lo anterior, se “saca de la manga” el concepto  de su “canon de enjuiciamiento” (página 48) que no es más que una reinterpretación contumaz de lo que quiere el recurrente, adaptándolo a lo que el Tribunal parece querer resolver,  poniéndolo en conexión con el “canon de la igualdad” (página 49), para que del “gazpacho” obtenido se adopte la única solución posible, que el recurrente, en referencia a la integración forzosa del personal funcionario en la Agencia de turno,

“no ha razonado suficientemente la pertinencia de la premisa dela que parte su impugnación, esto es, no ha acreditado cuándo y cómo se producirá efectivamente la pretendida homogeneización salarial; circunstancia que, desde la perspectiva actual, no deja de ser una mera hipótesis”

Es decir, la inamovilidad del funcionario, derecho reconocido doctrinal y jurisprudencialmente, que sólo puede removerse en momentos tasados, ya no existe (a juicio del Tribunal). Y ello es un error mayúsculo.

5.-  Hay que irse a la última página para poder estar de acuerdo con el Tribunal en una cosa: impugnación de la disposición derogatoria única (recomiendo su lectura, aunque se pronuncie de una manera poco clara).

6.- El altamente didáctico voto particular merece la pena ser leído y después enmarcarlo o guardarlo en los anaqueles del derecho administrativo. Cinco páginas de conceptos claros y sencillos, en el que se realiza una recopilación del acervo administrativo en el campo de vaciamiento competencial de las funciones administrativas, huida del derecho administrativo incluida, cuyo punto álgido se encuentra en la página 4, cuya transcripción realizamos:

El propio legislador andaluz parece, por otra parte, contradecirse a si mismo, cuando, por ejemplo, en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, establece en términos categóricos que las entidades locales “no podrán crear agencias públicas empresariales para el ejercicio de actividades administrativas” (art.35.1). Es decir, en el mismo ordenamiento andaluz se excepciona a la Administración Autonómica de la prohibición que impone a las Administraciones Locales, y no sólo eso, sino que convierte a la agencia pública empresarial en el eje para la gestión ordinaria de las actividades administrativas de la Comunidad Autónoma”

 

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