Sabemos que la firma electrónica es algo que se está imponiendo en el seno de las Administraciones Públicas y máxime cuando desde todos los lugares del ciberespacio realizan especial hincapié en ella. Sin embargo casi nada hay escrito sobre el “pariente pobre” electrónico de la identificación de la plasmación jurídica de la voluntad de la administración, esto es el “sello electrónico”.
Partimos de la regulación contenida en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que quedará derogada a principios de octubre, con la entrada en vigor de la Ley 39/2015 y 40/2015, que para enmarcar la cuestión es preciso recordar:
“Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada.
1. Para la identificación y la autenticación del ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, cada Administración Pública podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes sistemas de firma electrónica:
Tras la semana santa y con la llegada de la primavera se inicia un periodo administrativo tras el pistoletazo de salida de la 
Hay sentencias del Supremo que pese a su concisión encierran la resolución de un universo completo de la problemática de un instituto mal regulado por el legislador. Son casos en que el Supremo toma el toro por los cuernos y sienta jurisprudencia en el sentido mas noble y menos técnico de la palabra, o sea, sienta criterios tan claros que desvanecen infinidad de procedimientos judiciales abiertos como un azucarillo.
