Contratación pública responsable

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El licitador de un contrato público, por ejemplo: una obra, puede caer en la tentación de hacer economías mediante el abuso de la cadena de subcontrataciones, evitando mantener una plantilla propia. No supervisarlo significa para muchos organismos contribuir a precarizar el empleo de constructoras o suministradores, máxime cuando supone un incumplimiento flagrante del límite previsto en el artículo 227 TRLCSP: el 60% del importe de la adjudicación. Un dumping social entre sectores o entre regiones, que intenta combatirse desde la patronal y  los sindicatos. Cómo -si no- pueden justificarse las bajas un muchas obras públicas, tan habituales en estos tiempos de restricciones presupuestarias y crisis que darán lugar a problemáticos sobrecostes. Hoy el asunto parece más controlado merced a las exigentes directivas comunitarias que han logrado reconducir esa práctica en la normativa de contratación pública. Muchas AAPP sabedoras de estos riesgos ya se autolimitan incluyendo en sus pliegos un umbral…

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Publicado por Antonio Ager

Amante y apasionado del derecho administrativo, en todas sus ramas y variantes, derecho de las nuevas tecnologías, transparencia y protección de datos, ...

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