Sobre las normas de reparto de la Sala III del TS ante la nueva casación.

En el día de hoy la Sala de Gobierno del Tribunal ha aprobado el reparto y funcionamiento de los asuntos de las diversas secciones de esta Sala III. Recordemnos que la “nueva casación” entrará en vigor el próximo 22 de julio, fruto de los cambios introducidos en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por la Disposición Adicional Tercera de la Ley Orgánica 7/2015.

El cambio fundamental en el recurso de casación lo constituye la ampliación de las sentencias que se podrán recurrir ante el Tribunal Supremo. En principio, serán recurribles en casación todas las sentencias dictadas por las Salas de lo Contencioso de los Tribunales Superiores de Justicia, las de los Centrales de lo Contencioso y las de los Juzgados de lo Contencioso en algunos supuestos.
La Ley también ha modificado el criterio para determinar la admisión del recurso de casación (que hasta ahora venía representado prioritariamente por la cuantía del asunto) y se ha introducido el criterio del interés casacional objetivo, que debe ser apreciado por la Sala del Tribunal Supremo como base para la admisión del recurso.
Los cambios señalados, y la necesidad, impuesta por la Ley de que la Sección dedicada a la Admisión esté integrada por magistrados/as procedentes de las secciones de enjuiciamiento, obliga a que haya menos secciones pero más numerosas en magistrados/as, pues de estas secciones deberán seleccionarse los integrantes de la Sala de Admisión. Esta sección estará presidida por el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y estará formada al menos por dos magistrados procedentes de cada una de las cuatro secciones de enjuiciamiento.
Además de la Sección Primera (de admisión) otras  cuatro secciones ( Segunda a Quinta) se encargarán de enjuiciar los asuntos ordinarios y estarán presididas por los magistrados más antiguos de la Sala (Manuel Vicente Garzón, la Segunda; Pedro José Yagüe, la Tercera; Jorge Rodríguez Zapata, la Cuarta; y José Manuel Sieira, la Quinta) e integradas por ocho magistrados.
Además, se mantiene, por preverlo así la Ley Orgánica del Poder Judicial, una Sección dedicada a conocer las impugnaciones de los asuntos del Consejo General del Poder Judicial y la sección creada recientemente para resolver los recursos por el llamado “céntimo sanitario”.
La nueva configuración de la Sala ha obligado a efectuar alguna pequeña reasignación de materias: se han  refundido dos de ellas (la Cuarta con la Séptima y la Quinta con la Sexta) y se constituyen en las cuatro secciones cuatro grandes grupos de asuntos integrados en el derecho administrativo que son Tributario, Órganos reguladores, Contratos y Personal, y Urbanismo y propiedades especiales.
Asimismo, se han agrupado cuestiones que estaban disgregadas como ocurría con los Órganos Reguladores que pasarán a la Sección Tercera o nacionalidad, extranjería y asilo, que estarán en la nueva Sección Quinta, encargada también de la responsabilidad patrimonial y responsabilidad patrimonial del Estado legislador.
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Aviso a abogados: el nicho de mercado de la representación electrónica

¡Cuánta razón tiene!

Nosoloaytos

La figura de la representación se encuentra más que consolidada en las relaciones jurídico-administrativas (art. 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), si bien de alguna manera “sube de categoría” en la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ya que son muchas las personas, incluso algunas de ellas físicas, que están obligadas a relacionarse con la administración por medios electrónicos (y este es realmente el nicho de mercado para un abogado “habilidoso” en el uso de las plataformas públicas), mientras que otras simplemente delegarán estos trámites en sus asesores jurídicos o fiscales, y estos utilizarán dichos medios por estar obligados al pertenecer a profesiones de colegiación obligatoria o representar a personas obligadas a tramitar electrónicamente.

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Un vídeo muy interesante, didáctico e instructivo:La nueva Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo en diez minutos

La novedosa Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común es objeto de una entrevista de diez minutos, fresca y clara, sobre su significado e implicaciones. Aquí tenéis otra Píldora del Conoci…

Origen: La nueva Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo en diez minutos

Las Tasas Judiciales y su destino…

Más sobre tasas judiciales.

El laberinto de Ius

Con esta asunción por los ciudadanos que recurren a los tribunales de parte del coste que ello implica se pretende racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional, al mismo tiempo que la tasa aportará unos mayores recursos que permitirán una mejora en la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita, dentro del régimen general establecido en el artículo 27 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria”.

Así explicaba el preámbulo de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el motivo por el cual llevó en 2012, al exministro Alberto Ruiz Gallardón, a establecer las sonadas tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social.

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¿Qué es la DEV?

Nosoloaytos

La DEV es la Dirección Electrónica Vial. La DGT y las Administraciones con competencias sancionadoras en materia de tráfico le permiten recibir vía Internet, en su buzón electrónico, las notificaciones de procedimientos sancionadores. El envío de la notificación al buzón electrónico se complementa con un aviso a su correo electrónico y, si lo desea, con un SMS a su teléfono móvil.

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Catálogo de servicios de la administración digital

 

Por su interés, se adjunta el catálogo de servicios de la administración digital, realizado por la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DTIC) tiene como objeto, según el citado documento, difundir los servicios compartidos y el resto de servicios comunes, infraestructuras y otras soluciones tecnológicas que la propia Dirección General, pone a disposición de todas las Administraciones Públicas para contribuir a impulsar el desarrollo de la Administración Digital y mejorar los servicios que se ofrecen a ciudadanos y a empresas, o internamente a los empleados públicos.

CATALOGO-SERVICIOS-ADMINISTRACION-DIGITAL-V1-0

Oferta de Empleo Público Andalucía 2016

Por su interés, se adjunta la Oferta de Empleo Público aparecida en el BOJA de 3 de mayo de 2016: OEP 2016

Son 1.742 plazas, de las cuales 524 son para personal funcionario de acceso libre; 748 para personal laboral acceso libre; 744 para personal funcionario por promoción interna; 130 para promoción interna del personal laboral ; y 120 de promoción horizontal.

Derribo de la externalización de la inspección y recaudación de tributos municipales

delaJusticia.com

LA GRAN EVASIONEl fenómeno de la llamada “huida del derecho administrativo” mediante empresas privadas del sector público provocó la reacción de lo que algún sector académico calificó con fortuna como “persecución del derecho administrativo” para devolver al redil las ovejas descarriadas. El primer lazo lo tendió la unión europea extendiendo las reglas de contratación de todo poder público a toda organización pública, ya fuere administración, organismo u ente autónomo o sociedad mercantil del sector público (quitó el velo de las formas).

El segundo lazo lo ofreció el Estatuto Básico del Empleado Público cuyos artículos 9.2 y la Disposición Adicional segunda establecieron una doble reserva funcionarial y funcional, en relación a la administración local. Una reserva de primer grado, confiando en exclusividad a los funcionarios labores de “autoridad, fé pública y asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización…”, y por tanto excluyendo de las mismas a personal laboral o eventual, dentro o fuera…

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Modelo de Código ético y de conducta de los empleados y empleadas de una organización pública

Nosoloaytos

En un momento en que la palabra transparencia se encuentra totalmente manoseada, y que uno de sus conceptos hermanos, el buen gobierno, se desconoce por completo y, en el mejor de los casos, se relaciona con una especie de Código ético de los responsables políticos (algo que sin duda también es), pensamos que puede ser oportuno suscribir un Código ético por parte de los empleados públicos, dejando constancia por adelantado que el 99% de los mismos ya lo cumplen. Pero precisamente por eso, y para lavar una imagen aún deteriorada de lo público (también de los funcionarios), debería respaldarse públicamente un documento que exija incluso un nivel superior de compromiso con el servicio público. In fine dejamos como modelo el “Código ético y de conducta de los empleados y empleadas públicos del Ayuntamiento de Alzira” (borrador en tramitación), del que adelantamos su Preámbulo.

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