14 simples utilidades tecnológicas que nos cambiarán la vida personal y profesional

14 utilidades tecnológica que nos pueden ayudar.

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Archivo_000A punto de comenzar el disfrute de las vacaciones bajo un sol de justicia en La Bañeza me propongo aparcar este soleado blog denominado delajusticia.com hasta el próximo 1 de septiembre.

A modo de suave despedida, me parece útil dejar constancia de catorce utilidades tecnológicas que muchos considerarán inútiles, otros notorias y otros simples, pero que han incrementado mi productividad y la de muchos colegas que cuando se las comento me dicen aquello de… “Pues no sabía que fuera tan fácil”, “no sabía que se podía hacer eso”, o “¿por qué no me lo dijiste antes?”.

En su día dediqué un post a 10 recomendaciones tecnológicas utilísimas y gratuitas para juristas. Ahora se trata de algo más simple, de compartir pequeños trucos, aplicaciones o técnicas que me han reportado mayor productividad, no en forma de mayor trabajo, sino en ahorro de tiempo, en comodidad o disfrute…

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Nuevos artículos de las Leyes siamesas 39 y 40/2015 (I). Potestad sancionadora (parte primera)

En un período vacacional como el que nos encontramos, con gran parte de los profesionales del derecho en unas muy merecidas vacaciones, vamos a aprovechar, durante el mes de agosto, para quedarnos de guardia e ir mostrando pequeños comentarios, de elaboración propia,  sobre cuestiones trascendentales de ambas leyes.

Vamos a empezar con el tema de la potestad sancionadora mostrando un avance de lo que se avecina, dedicando, de forma muy resumida y cada día a un principio del procedimiento sancionador y después el resto de esta materia, para, a continuación, ir tratando otros aspectos de interés de estas nuevas leyes, de forma muy sucinta (el análisis pormenorizado seguro que está siendo en estas fechas objeto de libros y manuales de los que iremos informando)  agradeciendo vuestra atención y deseando que disfruten de sus vacaciones:

POTESTAD SANCIONADORA.

1.- Introducción. Reparto de materias.

La regulación de la potestad sancionadora se realiza (de la misma manera que la de responsabilidad patrimonial, es decir, mediante una mala técnica legislativa que algunos tíldan de garrotazo técnico-jurídico) de forma repartida, en una “regulación siamesa”, entre dos “cuerpos” legales, las Leyes 39/2015 y 40/2015 (que entrarán en vigor el próximo 2 de octubre) conformando un “tertium genus” (no como hasta ahora que tenía todo un título de la Ley 30/1992 y un reglamento específico), mezclándose las especialidades propias de esta potestad con la regulación del procedimiento adm¡nistrativo común en el nuevo sistema jurídico administrativo español (constituido por ambas Leyes).

En la de Régimen Jurídico (Ley 40/2015-LEREJU en adelante-) se tratan aspectos más orgánicos que procedimentales (siguiendo al preámbulo de la Ley) tratándose de la más esencial expresión de la potestad, al referirse a sus principios rectores y respecto a la atribución de la competencia en el ámbito de la Administración del Estado, inlcuyendo además la reforma de las prohibiciones de contratar en el sector público, que tiene un importante matiz sancionador.

En la de procedimiento (Ley 39/2015 – PACA en adelante-) se contienen las reglas de los principios de procedimiento, regulándose de forma dispersa, haciendo un remedo de la Ley 30/92 y el reglamento que regulaba tal potestad, dejando asuntos fuera de regulación (remisión condicional del art. 4.2 del reglamento; compensación de medidas provisionales con la sanción impuesta; supletoriedad de este régimen respecto a las leyes sectoriales, por poner algunos ejemplos). Es decir, según va propia ley abordando las distintas fases del procedimiento administrativo, así se van tratando, sin que se agrupen, tal y como hacía la Ley 30/1992, en un título o capítulo propio.

A continuación vamos a proceder a un esbozo de las principales novedades en apartados separados, en el primero ciñéndonos a los principios y en el segundo entrando en el procedimiento propiamente dicho.

… (Continuará) …

Los hechos imponibles de las Ordenanzas fiscales no se suplen con informes del secretario

La falta de claridad en el hecho imponible de una ordenanza fiscal no se puede suplir con un informe del Secretario Municipal. Artículo muy recomendable.

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ordenataEn una extensa y razonada sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictada el pasado 19 de Julio de 2016, se aborda la interesante cuestión de la extensión del hecho imponible que genera una tasa municipal y las posibles fuentes de integración o subsanación cuando la Ordenanza fiscal se queda corta o lo da por sobreentendido.

Concretamente en esta reciente Sentencia La Sala se enfrenta decidir si se cumple el principio de legalidad y tipicidad del hecho imponible calificado de “servicios de guardería rural” a favor de las fincas rurales, y acomete una labor de indagación propia de espeleología jurídica que resultará infructuosa.  Como nos recuerda la prensa :” La figura de los guardas rurales fue creada por el rey Fernando VI, que dictó una ordenanza en la que nombraba a los guardas de campo y montes, que eran los encargados de denunciar, por ejemplo, a los taladores que…

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El escurridizo control jurisdiccional de la falta de desarrollo reglamentario

El desarrollo reglamentario que tarda en producirse …

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tiempos modernosEn la exposición clásica del profesor García de Enterría de la lucha contra las inmunidades del poder se situaba el reto del control de los reglamentos, aludiendo al paso firme de la jurisdicción contenciosa para su control directo, o indirecto al hilo de sus actos de aplicación, y añadiendo la fuerza supervisora de los principios generales de derecho, o la verificación de su procedimiento reglado. Tales conquistas de control se referían al reglamento aprobado por el gobierno estatal, autonómico o local.

Sin embargo, quedaba un último reducto, que es el control de la pasividad del ejecutivo a la hora de aprobar un reglamento. O sea, no controlar al Ejecutivo por “como reglamenta” sino por “no reglamentar”.

Se trata del caso no infrecuente de leyes que requieren reglamentos de desarrollo y en los que el silencio o pasividad del ejecutivo comporta vaciar la fuerza de la Ley. O sea, el…

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Cuando la administración recorta la cantidad ganada en sentencia

Empleado público que gana tema pecuniario pero no acaba ahí el final del asunto.

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recorte   Las sentencias estimatorias de pretensiones de condena a la administración al abono de indemnizaciones comportan su pago por la administración. Y cuando todo parecía zanjado, el particular puede encontrarse con que la administración comienza a hacerle descuentos y recortes en ejecución de sentencia.

Uno de los supuestos mas frecuentes es el caso de reconocimiento del derecho a indemnizaciones pecuniarias a favor de funcionarios como consecuencia de conceptos retributivos o de la sentencia que reconoce el derecho a ser funcionario u ocupar determinado puesto con efectos retroactivos, campo en que el litigante victorioso recibe a título de indemnización una suma generosa y en que la administración a la hora de pagarla, aplica las retenciones tributarias o lo somete a las cotizaciones de la seguridad social correspondientes a tales conceptos salariales tardíos.

En este escenario, de tira y afloja entre el empleado público ejecutante de su derecho y la resistencia de…

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Green city y Human city

Licitación electrónica y custiones anejas …

Nosoloaytos

“Saber mucho no es lo mismo que ser inteligente. La inteligencia no es sólo información, sino también juicio, la manera en que se recoge y maneja la información” (Carl Sagan)

Si Internet es el instrumento clave para el desarrollo de la administración digital y el gobierno abierto, ni que decir tiene que es también absolutamente fundamental en los proyectos de Smart City.

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Aprobadas la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

En el BOE de hoy día 6 de julio se aprueban estas reglas con la siguiente “peregrina” justificación:

«I. Justificación.
La Disposición final tercera de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se
modifica la LOPJ, ha introducido modificaciones sustanciales en el recurso de casación
contencioso-administrativo, modificando los artículos 86 a 93 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El nuevo modelo aprobado, que entrará en vigor el 22 julio de 2016, introduce cambios
muy relevantes tanto en los asuntos que podrán acceder al recurso de casación como en
los criterios de admisión aplicables y en la forma de plantearlos. Entre estas novedades se
encuentra la autorización a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo para que apruebe
un acuerdo que determine la extensión máxima y otros requisitos extrínsecos que han de
tener los escritos de interposición y de oposición de los recursos de casación.
A tal efecto, el artículo 87 bis de la Ley Jurisdicción dispone que La Sala de Gobierno
del Tribunal Supremo podrá determinar, mediante acuerdo que se publicará en el “Boletín
Oficial del Estado”, la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas las
relativas a su presentación por medios telemáticos, de los escritos de interposición y de
oposición de los recursos de casación.»
Se adjunta el documento en su integridad.