Nuevos artículos de las Leyes siamesas 39 y 40/2015 (I). Potestad sancionadora (parte primera)

En un período vacacional como el que nos encontramos, con gran parte de los profesionales del derecho en unas muy merecidas vacaciones, vamos a aprovechar, durante el mes de agosto, para quedarnos de guardia e ir mostrando pequeños comentarios, de elaboración propia,  sobre cuestiones trascendentales de ambas leyes.

Vamos a empezar con el tema de la potestad sancionadora mostrando un avance de lo que se avecina, dedicando, de forma muy resumida y cada día a un principio del procedimiento sancionador y después el resto de esta materia, para, a continuación, ir tratando otros aspectos de interés de estas nuevas leyes, de forma muy sucinta (el análisis pormenorizado seguro que está siendo en estas fechas objeto de libros y manuales de los que iremos informando)  agradeciendo vuestra atención y deseando que disfruten de sus vacaciones:

POTESTAD SANCIONADORA.

1.- Introducción. Reparto de materias.

La regulación de la potestad sancionadora se realiza (de la misma manera que la de responsabilidad patrimonial, es decir, mediante una mala técnica legislativa que algunos tíldan de garrotazo técnico-jurídico) de forma repartida, en una “regulación siamesa”, entre dos “cuerpos” legales, las Leyes 39/2015 y 40/2015 (que entrarán en vigor el próximo 2 de octubre) conformando un “tertium genus” (no como hasta ahora que tenía todo un título de la Ley 30/1992 y un reglamento específico), mezclándose las especialidades propias de esta potestad con la regulación del procedimiento adm¡nistrativo común en el nuevo sistema jurídico administrativo español (constituido por ambas Leyes).

En la de Régimen Jurídico (Ley 40/2015-LEREJU en adelante-) se tratan aspectos más orgánicos que procedimentales (siguiendo al preámbulo de la Ley) tratándose de la más esencial expresión de la potestad, al referirse a sus principios rectores y respecto a la atribución de la competencia en el ámbito de la Administración del Estado, inlcuyendo además la reforma de las prohibiciones de contratar en el sector público, que tiene un importante matiz sancionador.

En la de procedimiento (Ley 39/2015 – PACA en adelante-) se contienen las reglas de los principios de procedimiento, regulándose de forma dispersa, haciendo un remedo de la Ley 30/92 y el reglamento que regulaba tal potestad, dejando asuntos fuera de regulación (remisión condicional del art. 4.2 del reglamento; compensación de medidas provisionales con la sanción impuesta; supletoriedad de este régimen respecto a las leyes sectoriales, por poner algunos ejemplos). Es decir, según va propia ley abordando las distintas fases del procedimiento administrativo, así se van tratando, sin que se agrupen, tal y como hacía la Ley 30/1992, en un título o capítulo propio.

A continuación vamos a proceder a un esbozo de las principales novedades en apartados separados, en el primero ciñéndonos a los principios y en el segundo entrando en el procedimiento propiamente dicho.

… (Continuará) …

Publicado por Antonio Ager

Amante y apasionado del derecho administrativo, en todas sus ramas y variantes, derecho de las nuevas tecnologías, transparencia y protección de datos, ...

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