Nuevos artículos de las Leyes siamesas 39 y 40/2015 (III). Potestad sancionadora (parte tercera)

2.1.- Principio de legalidad.

El artículo 25, que trata este principio bajo un doble prisma, el formal, referido a la propia ley que ha de ser la que “provoque” el ejercicio de esta potestad y el material, con las consabidas reglas de irretroactividad (del art 26) y tipicidad en si misma considerada.

La referencia a las Entidades Locales al final del apartado 1 parece referirse a las ordenanzas “sancionadoras”. Existe abundante jurisprudencia al respecto que dejamos al lector de estas líneas que profundice en su investigación, si lo desea.

Otro aspecto es la falta de referencia a las Entidades Instrumentales en cuanto al sometimiento a este principio, ¿les resultaría aplicable?. Si al lector le interesa, lo someto a su consideración futura.

Un asunto de especial interés se refiere al tema de las relaciones de sujeción especial que la jurisprudencia ha tratado de aquilatar. Ahora extiende estas disposiciones al ejercicio de la potestad disciplinaria de las Administraciones respecto al personal a su servicio,

“… cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo…”

El legislador parece pensar en el Estatuto Básico del Empleado Público. Recordemos lo que dice al respecto en el art. 94.2:

“La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios:

a) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la predeterminación normativa o, en el caso del personal laboral, de los convenios colectivos.

b) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de las favorables al presunto infractor.

c) Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones como a su aplicación.

d) Principio de culpabilidad.

e) Principio de presunción de inocencia.”

Además de lo anterior, el personal laboral contratado por cualquier Administración Pública y que se encuentre sometido a Convenio Colectivo, también parece que se encuentra sometido a lo que en este precepto se dice, hecho distinto del que puede decirse cuando se habla de personal eventual y los altos cargos.

Finalmente el apartado 3 dice que lo dispuesto en ese capítulo no se ha de extender al ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública en referencia a la legislación tanto de contratos como a la patrimonial. Se está pensando fundamentalmente en figuras de la Ley de Contratos como concesionarios y contratistas, probablemente porque no se ejerce una potestad sancionadora en si misma, sino las posibles penalidades que se les impongan se encuentran ínsitas en la propias cláusulas de la relación contractual, firmadas voluntariamente por el contratista o concesionario, y sometidos a los principios de riesgo y ventura, tal y como acertadamente los Tribunales de Justicia han tenido a bien ir explicando.

… (Continuará) …

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