Conclusiones a 4 días de la entrada en vigor de gran parte de las “Leyes siamesas”.

La terminología de “leyes siamesas” una gran forma de definir las Leyes 39 y 40/2015, leída por primera vez a José R. Chaves en su blog delajusticia.com (ruego encarecidamente su lectura y seguimiento a aquellas personas interesadas en el derecho administrativo) establece de forma clara lo que el legislador pretendía, es decir, desdoblar la “vetusta” Ley 30/1992 con la excusa de que cada una de las leyes regula un tipo de relaciones,  ad extra una y ad intra la otra

Estas líneas que hoy se redactan, no pretenden realizar análisis o resumen alguno de las bondades y/o efectos perversos del binomio normativo que nos tiene a todos en danza, sino realizar una serie de reflexiones que ambas producen en el funcionario de cuerpo superior, aplicador futuro de ambas normas, que escribe estas líneas, siendo sólo percepciones personalísimas (y por ende posiblemente erradas).

En primer lugar, tras la aparición de ambas normas, habiendo realizado un estudio de los proyectos e informes precedentes, se observa como se incluyen en el texto final algunos aspectos que la norma proyectada no tenían, suponiendo en casi todo los casos un acierto (p.e. que se entiende por comparecencia en la sede electrónica – art. 43 de la PACA- asuntos en materia de propuesta de resolución del procedimiento sancionador del art. 89.1 de la PACA, etc).

En segundo lugar existen aspectos que podían haberse explicado o regulado de mejor forma ( sirvan un par de ejemplos, como en el caso anterior, como lo es la parquedad en la regulación del desestimiento por la administración del art. 93 de la PACA, o encomiendas de gestión del art. 11 LEREJU).

En tercer lugar la doctrina ha ido modulando los postulados e interpretaciones de ambas normas, en forma de artículos en revistas electrónicas especializadas, comentarios en blogs propios, etc, que me ha llevado ha descubrir la sapiencia jurídica de algunos, para mi maestros, además del nombrado antes, como puede ser Víctor Almonacid, enfocado al mundo local pero con ideas y pensamientos frescos y sugerentes; páginas jurídicas de editoriales como SEPIN, TECNOS, iustel, Aranzadi o Tirant, entre otras  ; colegios de abogados (he leído comentarios sobre las leyes de muchos de ellos, casi siempre excelentes); páginas de profesionales como legaltoday y un larguísimo etcétera que me ha permitido ampliar mi visión y horizonte administrativo para poder afrontar lo que se nos avecina.

En cuarto lugar, la participación en diversos actos, jornadas, encuentros, ponencias (siempre como oyente o público)  me han enriquecido y  otorgado fortaleza para afrontar la aplicación de ambas normas, con la mejor de las predisposiciones, extrayendo como conclusiones fundamentales (tanto de las propias charlas y coloquios como del intercambio de impresiones con compañeros) las siguientes:

1.- Existen aspectos que no quedan bien definidos. Hay que dejar que encuentren su encaje.

2.- La Administración electrónica es el presente y no el futuro.

3.- Existen herramientas en la red que a muchos (nos) pueden servir para profundizar en el estudio de aspectos concretos de las leyes siamesas.

4.- No se ha de tener miedo a la nueva regulación, que a grandes rasgos es continuista pero con el elemento electrónico o informático como punta de lanza sin el cual no se puede estar en y con la Administración.

5.- No se ha formado, de manera general (y como dije al principio es sólo mi percepción) suficientemente al personal que va a manejar la nueva normativa. Aún estamos a tiempo de concienciar a los compañeros que se va a poner manos a la obra sobre la necesidad de acudir a cursos y jornadas y buscar en al red aquellos aspectos objeto de nuestro trabajo para que adquiramos las destrezas suficientes para el mejor desempeño de nuestra tarea.

6.- La ciudadanía desconoce las consecuencias prácticas de la entrada en vigor de la norma. Las administraciones deberían elaborar paneles informativos, folletos, trípticos sobre los derechos y deberes que tienen, sobre aquellos trámites que se adecuan a los tiempos y sobre la nueva forma de “hacer las cosas”.

7.- Sería necesaria la creación de foros de debate  intra e inter administraciones para estudiar aquellas cuestiones en las que exista silencio, regulación ambigua, incoherencias (una especie de junta consultiva como la existente, p.e. en materia de contratos) o similares y cuyas conclusiones aparezcan de forma periódica.

 

En quinto lugar, y como conclusión final, son aquellos que van a aplicar las normas las que las dotan de vitalidad. Es misión del funcionario que propone a su superior la concesión de una ayuda, la resolución de un recurso, el inicio un procedimiento sancionador, … procurar esa vitalidad mediante un procedimiento ágil, cumpliendo los plazos e  incluso acortándolos en la medida de lo posible, comunicándose con el ciudadano (no olvidemos que es su cliente y son ellos quienes nos pagan a través de la actividad recaudatoria) de la mejor y más directa manera posible, haciendo que la resolución se emita de forma suficientemente motivada en tiempo y forma. Esa misión del alto funcionario debería ser la máxima en su discurrir laboral diario, en la medida de sus posibilidades y respecto a la carga de trabajo que tenga (esa es otra cuestión, pues a veces plantillas insuficientemente dotadas hacen que el funcionario de turno se encuentre aislado y sin tiempo material para cumplir los plazos, pero esto es una cuestión para un sosegado debate)

Por lo tanto, deseo lo mejor para los aplicadores de las leyes siamesas, quedando a disposición de cuantos quieran comentar o consultar cualquier cosa en la que pueda ser de ayuda.

Saludos.

Principio de no discriminación y límites de edad en el acceso al empleo público: del asunto Wolf a la sentencia del TJUE Vital Pérez

La sentencia que en estas páginas se comenta declara que los límites de edad para la contratación en el ámbito de los servicios de seguridad del Estado impuestos por la normativa autonómica resultan desproporcionados y contrarios al principio de igualdad de trato. A través de la sentencia Vital Pérez el TJUE no considera justificada una edad máxima de 30 años para acceder al cuerpo de la policía local ni por las exigencias y requerimientos objetivos de la actividad que tiene que desempañarse ni por eventuales circunstancias de política de empleo que podría invocar el Estado interesado (reparto del trabajo entre generaciones, período mínimo de formación para el desempeño de tareas policiales, o reducción de costes).

Origen: Principio de no discriminación y límites de edad en el acceso al empleo público: del asunto Wolf a la sentencia del TJUE Vital Pérez

Presentación del Diccionario de administración electrónica

Nosoloaytos

Con motivo de la inminente Presentación en sociedad de nuestro Diccionario de Administración electrónica y transparencia, dentro del Congreso Novagob 2016 (jueves, 29 de septiembre, San Cristóbal de La Laguna, Tenerife), damos a conocer la Exposición de Motivos de la obra para su difusión en un momento que consideramos muy oportuno, a tan solo 4 días de la entrada en vigor de la Ley de Procedimiento.

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Cuando la administración miente descaradamente

Interesantes reflexiones.

delaJusticia.com

pinocito     Me he tropezado con ciudadanos que, al hilo de sus relaciones con la administración, me espetaban: “La administración miente descaradamente”.

     Quizá un desahogo ante el infortunio administrativo. Quizá una licencia expresiva. En todo caso, una generalización absurda e injusta. Creo que merece una reflexión analítica y crítica. En su día me ocupé de mentiras, jueces y facebook, y ahora toca ocuparse de las mentiras achacadas a la administración.

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Ley de procedimiento ¿qué entra en vigor en 2018?

¿Que entra en vigor en octubre de 2018 del nuevo procedimiento administrativo? Este autor tiene una visión muy particular (y a mi juicio acertada) sobre el estado de la cuestión.

Nosoloaytos

Adelantando la principal conclusión, para quien quiera dejar de leer, diremos que la Ley 39/2015, de procedimiento administrativo común entra en vigor, toda ella (todos sus artículos) el próximo lunes 3 de octubre de 2016. El año de vacatio legis finalizaba en realidad el próximo domingo día 2, pero utilizando precisamente las propias reglas sobre el cómputo de plazos establecidas en la ley, como el último día del plazo es inhábil, se extiende al primer día hábil siguiente. Ahora bien, de una manera más precisa, y por ir cerrando debates que parecen capciosos: ¿qué entra en vigor en 2018?

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Nuevos artículos de las Leyes siamesas 39 y 40/2015 (XVIII). Tratamiento del correo electrónico (y II). La LEREJU.

En materia de órganos colegiados, la LEREJU indica lo siguiente en el art. 17 sobre las convocatorias y sesiones.

“Todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario.

En las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, sus miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos, considerándose también tales los telefónicos, y audiovisuales, la identidad de los miembros o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que éstas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se considerarán incluidos entre los medios electrónicos válidos, el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias”

Este artículo ofrece un plus de reconocimiento jurídico al correo electrónico como medio de comunicación fehaciente, en este caso, para reunirse o citarse en las reuniones que se realicen, aunque la fórmula parece un poco ambigua, ya que menciona el que se asegure por medios electrónicos sin que lleve aparejada explicación alguna sobre en que consiste esas medidas ni como se pueden lograr.

Otra de las menciones se realiza en el art 149, en este caso en materia de convocatoria de las reuniones de las Conferencias Sectoriales:

“1. Corresponde al Ministro que presida la Conferencia Sectorial acordar la convocatoria de las reuniones por iniciativa propia, al menos una vez al año, o cuando lo soliciten, al menos, la tercera parte de sus miembros. En este último caso, la solicitud deberá incluir la propuesta de orden del día.

2. La convocatoria, que deberá acompañarse de los documentos necesarios con la suficiente antelación, deberá contener el orden del día previsto para cada sesión, sin que puedan examinarse asuntos que no figuren en el mismo, salvo que todos los miembros de la Conferencia Sectorial manifiesten su conformidad. El orden del día de cada reunión será propuesto por el Presidente y deberá especificar el carácter consultivo, decisorio o de coordinación de cada uno de los asuntos a tratar.

3. Cuando la conferencia sectorial hubiera de reunirse con el objeto exclusivo de informar un proyecto normativo, la convocatoria, la constitución y adopción de acuerdos podrá efectuarse por medios electrónicos, telefónicos o audiovisuales, que garanticen la intercomunicación entre ellos y la unidad de acto, tales como la videoconferencia o el correo electrónico, entendiéndose los acuerdos adoptados en el lugar donde esté la presidencia, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de funcionamiento interno de la conferencia sectorial.

De conformidad con lo previsto en este apartado la elaboración y remisión de actas podrá realizarse a través de medios electrónicos.”

De similar contenido que el artículo visto anteriormente, cuando se hayan de reunir para tratar sobre informar un proyecto normativo, la convocatoria, la constitución y adopción de acuerdos, las convocatorias se puede realizar por correo electrónico, entre otros, así como se podrán remitir por este medio. Sin embargo, la posible bonhomía de esta medida queda circunscrita sólo a esas materias citadas, no entendiendo como el legislador no ha ampliado a cualquier acto de estas Conferencias Sectoriales la utilización de medios electrónicos y, por ende, el empleo del correo electrónico.

La última mención se establece en el art. 152.1, que se refiere a las Comisiones Sectoriales y Grupos de trabajo

“1. La Comisión Sectorial es el órgano de trabajo y apoyo de carácter general de la Conferencia Sectorial, estando constituida por el Secretario de Estado u órgano superior de la Administración General del Estado designado al efecto por el Ministro correspondiente, que la presidirá, y un representante de cada Comunidad Autónoma, así como un representante de la Ciudad de Ceuta y de la Ciudad Melilla. El ejercicio de las funciones propias de la secretaría de la Comisión Sectorial corresponderá a un funcionario del Ministerio correspondiente.

Si así se prevé en el reglamento interno de funcionamiento de la Conferencia Sectorial, las comisiones sectoriales y grupos de trabajo podrán funcionar de forma electrónica o por medios telefónicos o audiovisuales, que garanticen la intercomunicación entre ellos y la unidad de acto, tales como la videoconferencia o el correo electrónico, entendiendo los acuerdos adoptados en el lugar donde esté la presidencia, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de funcionamiento interno de la Conferencia Sectorial…”

En este caso, el propio reglamento interno de funcionamiento de la propia Conferencia Sectorial ha de prever que se funcione de forma electrónica, a sensu contrario si así no se hiciere, el funcionamiento será el que de forma usual ha venido produciéndose hasta ese momento. En este caso vemos un ejemplo palpable de un artículo (o mejor dicho parte del mismo) que carecerá de aplicación si al mismo tiempo el órgano que haya de actuar no se implica en ello, es decir, si la Conferencia Sectorial de turno decide que su funcionamiento no se hará por medios electrónicos, el artículo carecerá de fundamento práctico y quedará en el papel, sin que nada ni nadie lo remedie. No obstante no creemos que, a estas alturas de partido, no se avance en este punto como si se va a hacer en el resto de campos (por seguir el símil futbolístico que nos tiene invadido estos días).

Fin del abuso sobre el personal sanitario eventual por la sentencia comunitaria de 2016

delaJusticia.com

esclavosLa reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de Septiembre de 2016 (C16-15)asesta un hachazo al Estatuto Marco del Personal Estatutario aprobado por Ley 55/2003 en la medida que su artículo 9 regula el nombramiento de personal eventual para atender necesidades de naturaleza temporal, coyuntural o extraordinaria, sin mecanismos que evitan su abuso para atender necesidades permanentes y estables, y además por no imponer en tales casos la creación de puestos estructurales ( rechazando que en vez de personal eventual se acuda a la figura de personal interino).

Se trata de otro ejemplo de la fuerza delAcuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, de 1999 (anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999) sobre el trabajo de duración determinada, capaz de doblegar por la primacía del Derecho comunitario a la legislación española.

Y ello como reacción ante la…

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Nuevos artículos de las Leyes siamesas 39 y 40/2015 (XVII). Tratamiento del correo electrónico (I). La PACA.

Va a ser objeto de estudio la introducción en el nuevo acervo administrativo procedimental y de régimen jurídico del correo electrónico para diversas situaciones que se tratarán a continuación, que a efectos de didáctica se va a hacer en dos partes, la primera referente a la la ley 39/2015 y la segunda a la 40/2015.

En el preámbulo de la Ley 39/2015 (PACA en adelante como el buen lector ya recordará) nos podemos encontrar con lo siguiente:

“Merecen una mención especial las novedades introducidas en materia de notificaciones electrónicas, que serán preferentes y se realizarán en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única, según corresponda. Asimismo, se incrementa la seguridad jurídica de los interesados estableciendo nuevas medidas que garanticen el conocimiento de la puesta a disposición de las notificaciones como: el envío de avisos de notificación, siempre que esto sea posible, a los dispositivos electrónicos y/o a la dirección de correo electrónico que el interesado haya comunicado, así como el acceso a sus notificaciones a través del Punto de Acceso General Electrónico de la Administración que funcionará como un portal de entrada.”

Este texto deja bien a las claras sobre las intenciones del legislador al respecto, es decir, no es que se produzca la notificación al interesado al correo electrónico que previamente haya comunicado, sino que este servirá para que se tenga por avisado de que tiene una notificación a su disposición, sin que la apertura del correo electrónico con el mensaje enviado sea merecedor de acceso al contenido del acto o resolución que se va a notificar.

Por supuesto, la intención se regula, posteriormente y de forma concreta, en el art. 41 de la misma ley en el siguiente tenor:

“Condiciones generales para la práctica de las notificaciones.

1. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.

No obstante lo anterior, las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos en los siguientes supuestos:

a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.

b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante.

Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.

Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la Administración Pública, mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos.

Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

Adicionalmente, el interesado podrá identificar un dispositivo electrónico y/o una dirección de correo electrónico que servirán para el envío de los avisos regulados en este artículo, pero no para la práctica de notificaciones.

2. En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones:

a) Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico.

b) Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques.

3. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará por el medio señalado al efecto por aquel. Esta notificación será electrónica en los casos en los que exista obligación de relacionarse de esta forma con la Administración.

Cuando no fuera posible realizar la notificación de acuerdo con lo señalado en la solicitud, se practicará en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado.

4. En los procedimientos iniciados de oficio, a los solos efectos de su iniciación, las Administraciones Públicas podrán recabar, mediante consulta a las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, los datos sobre el domicilio del interesado recogidos en el Padrón Municipal, remitidos por las Entidades Locales en aplicación de lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

5. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento.

6. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

7. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en primer lugar.

Debemos señalar al lector de estas líneas, al que agradezco el tiempo que dedica a ello, que la utilización del correo electrónico se circunscribe, como ya apuntaba el preámbulo, no a la propia notificación del expreso acto o resolución que sea menester en cada momento, sino, por un lado a que el interesado podrá identificar (parece y es potestativo) una dirección de correo electrónico para el envío de los avisos de notificación que se vayan produciendo y en el él sea persona interesada, pero nunca para la práctica de la propia notificación. Ello deja bien claro el sentido de facilitar la dirección de correo electrónico a la administración pública actuante en cada momento, dotando de carácter meramente informativo a lo que se practique por este medio, estableciéndose expresamente para que no lleve a engaños de los sujetos intervinientes en la relación jurídico-administrativa.

Además el apartado 6 vuelve a repetir lo dicho anteriormente, esto es, de que se podrá avisar por correo electrónico de la existencia de un acto o resolución administrativa a notificar, y se trata simplemente de un aviso y si este aviso no se realizara no significaría que la notificación sea inválida pues se trataría de dos fases independientes, la primera es la indicación de que el interesado tiene a su disposición una notificación y la segunda es la notificación electrónica en sí misma mediante los medios de los que cada administración disponga.

Para finalizar este apartado, podemos recordar como esta tipología de puesta a disposición ya se regulaba en el art. 152 la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC en adelante), aunque con el valor añadido de acto de comunicación, además de que el art. 155 de la propia LEC también lo trata como uno de las datos que el demandante puede aportar sobre el demandado, como a modo de instrumento de comunicación con la oficina judicial.

Vistos los anteriores aspectos ahora vamos a acercarnos al art. 66 de la PACA que se refiere a las solicitudes de iniciación. Veamos lo que se dice al respecto:

“1. Las solicitudes que se formulen deberán contener:

a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente.

b) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación.

c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.

d) Lugar y fecha.

e) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.

f) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación.

Las oficinas de asistencia en materia de registros estarán obligadas a facilitar a los interesados el código de identificación si el interesado lo desconoce. Asimismo, las Administraciones Públicas deberán mantener y actualizar en la sede electrónica correspondiente un listado con los códigos de identificación vigentes.”

A la usual forma de inicio de un procedimiento a solicitud del interesado, que ya provenía de al Ley 30/1992, ahora se le añade el uso de dispositivos electrónicos, siendo el correo electrónico un requisito más que el interesado debe y puede conocer y ofrecer (nuevamente de forma potestativa, tal y como vimos en el art. 41 de la PACA).

El archivo electrónico en la Ley de procedimiento (10 preguntas y respuestas)

Como siempre, de forma acertada, Victor Almonacid elabora 10 preguntas con sus correspondientes respuestas sobre el archivo electrónico.

Nosoloaytos

1. ¿El archivo de la Administración (por ejemplo el Ayuntamiento) debe ser obligatoriamente electrónico? Sí, cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable (art. 17.1 LPA).

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