Nuevos artículos de las Leyes siamesas 39 y 40/2015 (XVII). Tratamiento del correo electrónico (I). La PACA.

Va a ser objeto de estudio la introducción en el nuevo acervo administrativo procedimental y de régimen jurídico del correo electrónico para diversas situaciones que se tratarán a continuación, que a efectos de didáctica se va a hacer en dos partes, la primera referente a la la ley 39/2015 y la segunda a la 40/2015.

En el preámbulo de la Ley 39/2015 (PACA en adelante como el buen lector ya recordará) nos podemos encontrar con lo siguiente:

“Merecen una mención especial las novedades introducidas en materia de notificaciones electrónicas, que serán preferentes y se realizarán en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única, según corresponda. Asimismo, se incrementa la seguridad jurídica de los interesados estableciendo nuevas medidas que garanticen el conocimiento de la puesta a disposición de las notificaciones como: el envío de avisos de notificación, siempre que esto sea posible, a los dispositivos electrónicos y/o a la dirección de correo electrónico que el interesado haya comunicado, así como el acceso a sus notificaciones a través del Punto de Acceso General Electrónico de la Administración que funcionará como un portal de entrada.”

Este texto deja bien a las claras sobre las intenciones del legislador al respecto, es decir, no es que se produzca la notificación al interesado al correo electrónico que previamente haya comunicado, sino que este servirá para que se tenga por avisado de que tiene una notificación a su disposición, sin que la apertura del correo electrónico con el mensaje enviado sea merecedor de acceso al contenido del acto o resolución que se va a notificar.

Por supuesto, la intención se regula, posteriormente y de forma concreta, en el art. 41 de la misma ley en el siguiente tenor:

“Condiciones generales para la práctica de las notificaciones.

1. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.

No obstante lo anterior, las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos en los siguientes supuestos:

a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.

b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante.

Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.

Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la Administración Pública, mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos.

Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

Adicionalmente, el interesado podrá identificar un dispositivo electrónico y/o una dirección de correo electrónico que servirán para el envío de los avisos regulados en este artículo, pero no para la práctica de notificaciones.

2. En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones:

a) Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico.

b) Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques.

3. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará por el medio señalado al efecto por aquel. Esta notificación será electrónica en los casos en los que exista obligación de relacionarse de esta forma con la Administración.

Cuando no fuera posible realizar la notificación de acuerdo con lo señalado en la solicitud, se practicará en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado.

4. En los procedimientos iniciados de oficio, a los solos efectos de su iniciación, las Administraciones Públicas podrán recabar, mediante consulta a las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, los datos sobre el domicilio del interesado recogidos en el Padrón Municipal, remitidos por las Entidades Locales en aplicación de lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

5. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento.

6. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

7. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en primer lugar.

Debemos señalar al lector de estas líneas, al que agradezco el tiempo que dedica a ello, que la utilización del correo electrónico se circunscribe, como ya apuntaba el preámbulo, no a la propia notificación del expreso acto o resolución que sea menester en cada momento, sino, por un lado a que el interesado podrá identificar (parece y es potestativo) una dirección de correo electrónico para el envío de los avisos de notificación que se vayan produciendo y en el él sea persona interesada, pero nunca para la práctica de la propia notificación. Ello deja bien claro el sentido de facilitar la dirección de correo electrónico a la administración pública actuante en cada momento, dotando de carácter meramente informativo a lo que se practique por este medio, estableciéndose expresamente para que no lleve a engaños de los sujetos intervinientes en la relación jurídico-administrativa.

Además el apartado 6 vuelve a repetir lo dicho anteriormente, esto es, de que se podrá avisar por correo electrónico de la existencia de un acto o resolución administrativa a notificar, y se trata simplemente de un aviso y si este aviso no se realizara no significaría que la notificación sea inválida pues se trataría de dos fases independientes, la primera es la indicación de que el interesado tiene a su disposición una notificación y la segunda es la notificación electrónica en sí misma mediante los medios de los que cada administración disponga.

Para finalizar este apartado, podemos recordar como esta tipología de puesta a disposición ya se regulaba en el art. 152 la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC en adelante), aunque con el valor añadido de acto de comunicación, además de que el art. 155 de la propia LEC también lo trata como uno de las datos que el demandante puede aportar sobre el demandado, como a modo de instrumento de comunicación con la oficina judicial.

Vistos los anteriores aspectos ahora vamos a acercarnos al art. 66 de la PACA que se refiere a las solicitudes de iniciación. Veamos lo que se dice al respecto:

“1. Las solicitudes que se formulen deberán contener:

a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente.

b) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación.

c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.

d) Lugar y fecha.

e) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.

f) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación.

Las oficinas de asistencia en materia de registros estarán obligadas a facilitar a los interesados el código de identificación si el interesado lo desconoce. Asimismo, las Administraciones Públicas deberán mantener y actualizar en la sede electrónica correspondiente un listado con los códigos de identificación vigentes.”

A la usual forma de inicio de un procedimiento a solicitud del interesado, que ya provenía de al Ley 30/1992, ahora se le añade el uso de dispositivos electrónicos, siendo el correo electrónico un requisito más que el interesado debe y puede conocer y ofrecer (nuevamente de forma potestativa, tal y como vimos en el art. 41 de la PACA).

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