Impunidad de los políticos bajo coartadas administrativas

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hundeMe sorprendía hace poco que una de las situaciones jurídicas mas preocupantes en la lucha contra la corrupción, malversación o apropiación de caudales públicos, o responsabilidad patrimonial de cargos públicos, pasase inadvertida para doctrina y operadores. Un silencio preocupante y una indiferencia de los políticos que parecen pensar que está ante una cuestión técnica de competencias entre Tribunal de Cuentas y Jurisdicción contencioso-administrativa, cuando lo que está en juego es la impunidad de las consecuencias para las arcas públicas de los actos administrativos de ostensible ilegalidad.

Sustancial y resumidamente se trata de dos sentencias de la Sala contencioso-administrativa del Supremo del año 2012 y siguiendo su estela, otra del 2015, en que se “jibariza” el control del Tribunal de Cuentas, precisando, primero, que un Alcalde no es responsable patrimonial (no tiene que reintegrar nada) por ejecutar los acuerdos de un pleno (o cualquier presidente de órgano colegiado por igual…

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Impecable impunidad

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img_0430 A la Izda. el secretario del Consejo Social de la UPNa, Santiago Iraburu, presenta al presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López Hernández

La semana pasada se celebró en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo una interesante jornada sobre responsabilidad de los Consejos Sociales. La conferencia inaugural estuvo a cargo del fiscal asturiano Alejandro Cabaleiro, que analizó la vertiente penal del órgano colegiado. La clausura tuvo como estrella al Presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López Hernández, centrada en la responsabilidad económico-contable de los órganos colegiados universitarios.

Entre las múltiples aportaciones del seminario, destaca la realizada por el Magistrado José Ramón Chaves, que ese mismo día publicaba en El consultor un artículo que dará mucho que hablar: “La urgente reconstrucción del enjuiciamiento contable del reintegro por alcance”. Para su autor, la exigencias de transparencia y lucha contra…

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Crónica #CNIS2017: el del procedimiento electrónico “en vigor” y los sainetes

Nosoloaytos

No, no lo intentes, hazlo o no lo hagas. El intento no existe (Maestro Yoda).

Buenas sensaciones (y algún margen de mejora) las que nos ha dejado este #CNIS2017, celebrado una vez más en la FNMT, y en el que grandes ponentes como Esther Arizmendi, Borja Adsuara, Gerardo Bustos o Aitor Cubo, han desarrollado interesantes temáticas, siempre dentro del amplísimo espectro de la administración electrónica (o digital), la innovación pública y los servicios públicos, incluyendo por tanto otros ámbitos de la gestión pública como el gobierno abierto o la Smart City.

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La inadmisión de recursos de casación cobra velocidad

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observandoTal y como avancé anteriormente sobre los primeros aldabonazos del Supremo ante los criterios de apreciación del novedoso “interés casacional”, comienzan a prodigarse los autos de inadmisión y disminuyendo la proporción de los admitidos (¿ uno de cada treinta?), pero también se gana en claridad en cuanto al deber de diligencia y cuidado al preparar el recurso de casación.

Y también nos enteramos de la orientación de las costas impuestas por el recurso inadmitido por el Supremo, tras ser preparado por la Sala (“hasta un máximo de 1.000 euros por todos los conceptos”).

Veamos estos dos últimos casos y un interesante evento.

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La puñalada del plazo de prescripción en la responsabilidad patrimonial

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pun%cc%83alLas reclamaciones de indemnización por responsabilidad patrimonial derivado del funcionamiento de los servicios públicos ante las administraciones públicas están sujetas al plazo de un año desde el hecho causante o desde la invalidez del acto que generó el daño. Todo el mundo sabe que es un plazo de prescripción y no de caducidad.

Sin embargo, lo que parece que no sabe todo el mundo, es la falta de idoneidad para interrumpir la prescripción de algunas circunstancias.

Así que me ocuparé brevemente de tres casos típicos abordados  por otras tantas sentencias del Supremo, y que permitirán evitar a algún demandante despistado la desagradable sorpresa de la inadmisibilidad por extemporaneidad.

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El auditor como tecnólogo

Las auditorías tecnológicas como garantes del buen funcionamiento del sector público

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mg-inaugura

Todo se complica y evoluciona, claro. La gestión, por supuesto; pero la auditoría también. La semana pasada, el presidente del Instituto Rui Barbosa (centro de investigación y formación de los auditores públicos brasileños) y del Tribunal de Cuentas del Estado de Minas Gerais (TCEMG) inauguraba, a través de su presidente Sebastián Helvecio, un pionero centro tecnológico de tres pisos. Se trata de la introducción de un sistema de fiscalización de las facturas electrónicas en tiempo real relativas a un Estado con 3.352 organismos y entidades estatales y municipales, con una extensión territorial similar a Francia.

Recientemente, el diario Cinco Días reconocía que todas las grandes firmas del sector de auditoría, denominadas Big Four, ya han introducido la robótica de forma sistemática en la elaboración de informes de auditoría: “Se sirven de las primeras aplicaciones dotadas de inteligencia artificial para mejorar en el tratamiento masivo de datos”. Así, la…

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Impuesto de Plusvalía: no puede ser impuesto si no hay “plus de valía”

Nosoloaytos

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, un clásico en la fiscalidad municipal, queda “tocado” por el Constitucional por presuponer, según algunas regulaciones del mismo, un incremento que de facto no siempre se produce, y es que pocas veces se ha enriquecido un transmitente en los últimos 8-10 años. Debería gravarse el lucro, no el empobrecimiento.

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El huevo o la gallina del Derecho administrativo

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llave-claveLos juristas sabemos que la realidad es mas rica que la norma, y de hecho abogados, jueces y funcionarios frecuentemente trabajamos intentando resolver el encaje o exclusión de supuestos de hecho en las normas ( si se cumple o no el hecho imponible, el tipo infractor, la legalidad de la edificación,etc).

La norma intenta aprisionar la realidad y sus posibilidades con formulación lógica e imperativa, pero se mueve en los límites lingüísticos, y a veces su red de seguridad jurídica cuenta con agujeros negros por los que se cuelan situaciones que se resisten a la foto fija. A veces son lagunas regulatorias deliberadas, otras veces provocados por la pereza o error del legislador ( lo de “muchos cocineros arruinan el pastel” tiene sentido si nos percatamos de la masa de parlamentarios metiendo el cucharón con sus enmiendas y ocurrencias a los proyectos de ley).

Pero ahora desearía ocuparme del…

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El quebradizo terreno de la responsabilidad patrimonial

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muertesLeo la noticia en un diario español de un joven que visitaba un cementerio en Buenos Aires y le cayó una estatua encima provocándole lesiones.

Me quedo perplejo ante esta emulación propia del Juan Tenorio de Zorrilla, donde la estatua del comendador cobra vida para vengarse y es incluso es invitado a cenar por el osado Don Juan.

Por deformación profesional me pregunto si en Argentina prosperaría una acción encaminada a obtener indemnización por responsabilidad patrimonial, y reconozco que por algún prejuicio inconfesable me temo que mejor sería que tal caso se plantease en España, donde no faltan casos de responsabilidad patrimonial por extravío de huesos de los cementerios. Incluso en su día me ocupé en un post sobre el patrimonio histórico asesino.

La indagación me lleva a leer la misma noticia de un diario argentino, y la versión oficial es que el joven trepó a la estatua…

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