Me sorprendía hace poco que una de las situaciones jurídicas mas preocupantes en la lucha contra la corrupción, malversación o apropiación de caudales públicos, o responsabilidad patrimonial de cargos públicos, pasase inadvertida para doctrina y operadores. Un silencio preocupante y una indiferencia de los políticos que parecen pensar que está ante una cuestión técnica de competencias entre Tribunal de Cuentas y Jurisdicción contencioso-administrativa, cuando lo que está en juego es la impunidad de las consecuencias para las arcas públicas de los actos administrativos de ostensible ilegalidad.
Sustancial y resumidamente se trata de dos sentencias de la Sala contencioso-administrativa del Supremo del año 2012 y siguiendo su estela, otra del 2015, en que se “jibariza” el control del Tribunal de Cuentas, precisando, primero, que un Alcalde no es responsable patrimonial (no tiene que reintegrar nada) por ejecutar los acuerdos de un pleno (o cualquier presidente de órgano colegiado por igual…
Ver la entrada original 287 palabras más
A la Izda. el secretario del Consejo Social de la UPNa, Santiago Iraburu, presenta al presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López Hernández 
Las reclamaciones de indemnización por responsabilidad patrimonial derivado del funcionamiento de los servicios públicos ante las administraciones públicas están sujetas al plazo de un año desde el hecho causante o desde la invalidez del acto que generó el daño. Todo el mundo sabe que es un plazo de prescripción y no de caducidad.
