Seminario procedimiento administrativo práctico. Crónica de la Primera sesión. Parte segunda.

Continuación de la parte primera .

Tras un pequeño receso para constituir la Mesa redonda, ésta comienza con intervenciones breves 20/30 minutos sobre 3 cuestiones.

La primera de ellas, expuesta por D. Pedro Luis Roa Martín, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA, versaba sobre el derecho-deber de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. Durante su intervención hace una loa al alcance o proyección de los medios electrónicos como forma de garantía de este derecho y todo lo que se derive del mismo en su relación con las Administraciones Públicas, y como existen órganos que tienen muy presente la utilización de este tipo de comunicaciones electrónicas, poniendo como ejemplo destacable el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, aunque también se expresa en el sentido de que el límite de 5 megas para adjuntar archivos a las solicitudes y comunicaciones con este órgano es una magnitud bastante pequeña que debería mejorarse.

Continúa examinando más ejemplos, sobre todo en cuanto a la futura producción normativa y las referencias a uno de medios electrónicos para casi todos los trámites que realiza tanto la futura Ley de Contratos,

Tras un pequeño receso para constituir la Mesa redonda, ésta comienza con intervenciones breves 20/30 minutos sobre 3 cuestiones.

La primera de ellas, expuesta por D. Pedro Luis Roa Martín, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA, versaba sobre el derecho-deber de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. Durante su intervención hace una loa al alcance o proyección de los medios electrónicos como forma de garantía de este derecho y todo lo que se derive del mismo en su relación con las Administraciones Públicas, y como existen órganos que tienen muy presente la utilización de este tipo de comunicaciones electrónicas, poniendo como ejemplo destacable el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, aunque también se expresa en el sentido de que el límite de 5 megas para adjuntar archivos a las solicitudes y comunicaciones con este órgano es una magnitud bastante pequeña que debería mejorarse.

Continúa examinando más ejemplos, sobre todo en cuanto a la futura producción normativa y las referencias al uno de medios electrónicos para casi todos los trámites que realiza tanto la futura Ley de Contratos, como el desarrollo que de la materia electrónica que de la Ley 39/2015 va a efectuar un futuro y bastante avanzado Decreto.

Incide, como el anterior autor, en el complejo régimen transitorio de la ley y la dificultad de implementarlo de manera generalizada en lo electrónico, generando cierta inseguridad en los operadores jurídicos que van a usarla. Además hace hincapié en lo que el anterior ponente mencionaba sobre el art. 14 y el art. 68.4, debiendo, a su juicio, acudir a la interpretación favorable al ciudadano de esta cuestión y no hacer recaer en el la carga de la prueba de haberse presentado una comunicación electrónica con la administración de forma correcta. Así está de acuerdo en dejar sin vigor esta materia hasta octubre de 2018 y además lo conecta con la complejidad técnica de practicar las notificaciones electrónicas, que aún no se encuentran plenamente operativas, por lo que el derecho a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas dependerá de lo avanzado que cada una tenga los programas y aplicaciones que permitan ese tipo de comunicaciones.

Lanza la pregunta al aire de que cual es el nivel actual de operatividad de los derechos electrónicos, cuestión esta de difícil respuesta debido a la disparidad de criterios existentes al respecto y la complejidad de articularlo de forma práctica.

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Incide, como el anterior autor, en el complejo régimen transitorio de la ley y la dificultad de implementarlo de manera generalizada en lo electrónico, generando cierta inseguridad en los operadores jurídicos que van a usarla. Además hace hincapié en lo que el anterior ponente mencionaba sobre el art. 14 y el art. 68.4, debiendo, a su juicio, acudir a la interpretación favorable al ciudadano de esta cuestión y no hacer recaer en el la carga de la prueba de haberse presentado una comunicación electrónica con la administración de forma correcta. Así está de acuerdo en dejar sin vigor esta materia hasta octubre de 2018 y además lo conecta con la complejidad técnica de practicar las notificaciones electrónicas, que aún no se encuentran plenamente operativas, por lo que el derecho a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas dependerá de lo avanzado que cada una tenga los programas y aplicaciones que permitan ese tipo de comunicaciones.

Lanza la pregunta al aire de que cual es el nivel actual de operatividad de los derechos electrónicos, cuestión esta de difícil respuesta debido a la disparidad de criterios existentes al respecto y la complejidad de articularlo de forma práctica.

(Continuará)

 

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