Seminario procedimiento administrativo práctico. Crónica de la Primera sesión. Parte tercera.

Continuamos con la sesión reseñada y cuya segunda parte expusimos AQUÍ

En cuanto a la segunda de las intervenciones de la mesa redonda, la revisión de actos en vía administrativa, Dª Encarnación Montoya Marín, Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, realiza un resumen de las novedades que se contienen en los arts. 106 a 126, tildando a las reformas como continuistas, con poca innovación y escasas garantías del ciudadano.

Desgrana su discurso deteniéndose en los artículos que pueden contener novedades, dando pequeñas pinceladas de las mismas empezando con una idea general respecto a la carencia de plazo para recurrir en el caso de que haya silencio administrativo, es decir, en los supuestos en los que el acto no fuese expreso (122.1 2º párrafo en alzada, 124.1 2º párrafo en reposición)

Respecto al art. 106, existe un nuevo trámite para la admisión de recursos, algo que en su opinión no debía haberse contemplado ya que jamás hubo problemas en este tema.

El art. 107, referente a la lesividad, se añade un nuevo párrafo a lo ya conocido, al referirse a que la declaración de lesividad es irrecurible, “sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de la acción en el proceso judicial correspondiente”.

El art. 109, que se refiere a la revocación de actos, se podrá realizar siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción como novedad.

Entra después a examinar el art. 114, que aunque parece tener mayor contenido en cuanto a actos que ponen fin a la vía administrativa, eso no es así, ya que refunde, unifica o retrae lo que se contemplaba al efecto en la LOFAGE y en los reglamentos de desarrollo de le Ley 30/92.

Cuestión interesante es la posible existencia de antecedentes al art. 116, referente a las causas de inadmisión, quizás lo podemos encontrar en el 69 de nuestra Ley de Jurisdicción Contencioso – Administrativa. Analiza cada uno de los apartados, deteniéndose en la incompetencia de la letra a) y su farragosa dicción y la inexplicable remisión que se hace a la Ley 40/2015 (se refiere al conflicto de atribuciones), preveyéndose problemas sobretodo en el tema de recursos presentados fuera de plazo. El apartado b) parece versar sobre la falta de representación de la persona jurídica y el apartado e) está pensado realmente en una desestimación sobre el fondo del asunto.

Respecto a la suspensión del art. 117, se puede resaltar alguna novedad de mayor calado, El plazo para entender el acto suspendido es ahora de un mes frente a los 30 días de la ley anterior. Parece poco, pero si tenemos en cuenta al sistema de plazos y días inhábiles de la nueva ley, la cuestión no es baladí. Además el párrafo 3 del apartado 4 introduce la novedad (ya existente en la doctrina jurídica) de prolongar la suspensión más allá de la vía administrativa, en el caso de solicitud expresa del interesado, dando la posibilidad al juez de lo contencioso-administrativo de ser depositario de la decisión final de la cuestión.

En cuanto a la audiencia de los interesados del art. 118, tan poca fe se tiene por parte del legislador en que los interesados puedan presentar nuevas alegaciones y pruebas, que la administración pública quiere dejar esta materia al mínimo, ya que no cree en el recurso que se pretende, es decir, la resolución positiva de los mismos no parece que vaya a ser la solución al recurso presentado.

El art. 120 es una novedad radical, al menos así la tilda la ponente, aunque se trata de una importación mala del “caso testigo” de la legislación de la jurisdicción contencioso-administrativa de los arts. 37 y 111 de la ley correspondiente. En el caso de existir pluralidad de recursos contra un mismo acto o resolución y uno llegara a la vía judicial, el órgano administrativo puede suspender el plazo para resolver hasta que se produzca el pronunciamiento judicial firme, siendo esta medida absolutamente discrecional, o sea, no hay motivos tasados para determinar cuando se puede adoptarla y cuando no hacerlo. Item más, tampoco se menciona la posibilidad de recurrir este acuerdo de suspensión provisional, además de que cuando recaiga sentencia, el órgano administrativo competente resolverá lo que proceda sin ningún trámite adicional, salvo el de audiencia, si se estima procedente otorgarla.

(continuará)

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