Derecho administrativo y artículos de opinión variados sobre la actualidad jurídica.
La Administración General del Estado tiene a disposición de todos los usiarios una suite de productos relacionados con la firma electrónica a fin de impulsar y facilitar la implantación de sistemas de firma y autenticación en la Administración Pública. En la parte final de la entrada incorporamos un útil glosario de términos sobre firma electrónica, para su difusión y mejor comprensión por parte de ciudadanos y funcionarios.
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Ante todo: tal posibilidad existe. Que no le envíen al banco a guardar una segunda cola. Según la Ley de procedimiento, podrán hacerse efectivos mediante transferencia dirigida a la oficina pública correspondiente cualesquiera cantidades que haya que satisfacer en el momento de la presentación de documentos, como tasas e impuestos, a las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la posibilidad de su abono por otros medios (art. 17.6).
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Un auto reciente de la Sala contencioso-administrativa del Supremo aclara una cuestión simple pero interesante en materia de presentación de escritos procesales, como que, cuando alguien actúa sin abogado ni procurador ( funcionario en los casos del art.23.2 Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa para defender sus derechos estatutarios) e indica a efectos de notificaciones su correo electrónico personal, este no se beneficia de los efectos y plazos aplicables a las comunicaciones por medios electrónicos oficializados del art.162 LEC, particularmente de los tres días de pendencia ( comunicados por el interesado y constancia en Registro accesible electrónicamente)
Recordemos que en estos medios, se considera que efectuada la remisión de la comunicación electrónica por el letrado de la administración de justicia, si el destinatario no accede a su contenido en tres días, “se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente”, y por eso el recurrente consideraba que las…
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Por su interés se adjunta la citada Memoria, de reciente aparición:
El capricho de Gaudi. Comillas.
Estamos de nuevo en campaña de renta y como todos los años nos surgen dudas sobre cómo declarar las subvenciones a la vivienda que hemos percibido durante 2016.
Sobre esta cuestión en la renta 2016 no existen modificaciones notables respecto a la renta 2015 y por ello me ha parecido que pudiera ser de ayuda para todo aquel que llegué a este blog una recopilación de las entradas mas interesantes.
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Una reciente sentencia del Supremo aborda una cuestión de interés a la vista de la praxis jurisprudencial.
Se trata de un caso en que la sentencia de instancia se limita a disponer la anulación de un reglamento sin precisar si es con carácter de nulidad de pleno derecho o de anulabilidad.
El recurrente plantea al Supremo la incongruencia y explica su alarma: “siendo así que entre la nulidad y la anulabilidad media una gran diferencia por las distintas consecuencias jurídicas que comporta cada una. Además, prosigue, tratándose de una disposición general la regla ha de ser la nulidad y la excepción la anulabilidad, según se desprende del artículo 62.2 de la Ley 30/1992 , de 16 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso, explica, el vicio en que incurre el reglamento impugnado es la infracción de la ley y la…
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“La Sentencia Tribunal Supremo, Sala III de lo Contencioso-Administrativo, de 12 de junio de 2008, ha venido a poner de manifiesto, una vez más, lo que ya sabíamos: el criterio más que opinable pero jurisprudencialmente consolidado de que la Administración (particularmente la local) aparece como la responsable de cualquier eventualidad que ocurra y que, directa o indirectamente, cercana o remotamente, se pueda vincular con el servicio público”.
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La potestad sancionadora además de ser una de las caras mas amargas del poder público para quien lo sufre y cara amable para quien denuncia, es el buque insignia de los litigios contencioso-administrativos, tantopor la riqueza de institutos en juego ( principios, garantías, audiencias, pruebas,etc) como por la universalidad de afectados y por ser la técnica mas efectiva para conseguir el interés público ( suele ser mas eficaz el palo sancionador que la zanahoria de fomento).
De ahí la importancia de la reciente regulación dispensada por las Leyes siamesas ( Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, y Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público) que se reparten tan importante materia, ocupándose aquella del Procedimiento y ésta de los Principios. Se trata de legislación novedosa, que tiene carácter básico y plantea problemas prácticos.
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Una interesante sentencia del Supremo de 27 de Marzo de 2017 se pronuncia sobre el plazo disponible para la administración tributaria para “recargar el fusil liquidador y sancionador” tras una anulación firme del primer intento de liquidación y/o sanción tributaria.
Nuevamente la doctrina del tiro único a la palestra y una panoplia interesantísima de argumentos en liza.
Recordemos que ya la Sentencia de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo de 29 de Septiembre de 2014 (rec.1014/2013) admitía que la administración tributaria pudiese dictar una segunda liquidación del impuesto, si la primera hubiese sido anulada por incurrir en defectos de fondo y no hubiese prescrito, siguiendo lo que gráficamente comenté en su día titulando el Supremo desplaza la doctrina del tiro único por la del doble cartucho.
Veamos.
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Ahora estamos ante un nuevo periodo de renta por lo que es interesante recordar las reglas que rigen a la hora de declarar las subvenciones a la vivienda.
La primera regla general es que las subvenciones están sujetas al IRPF. Para que nos entendamos, hay que declararlas aunque se hayan percibido para ayudarnos a pagar la renta del alquiler, a comprar una vivienda o a rehabilitarla.
No obstante, hay algunas subvenciones o ayudas muy específicas que están exentas. Estas subvenciones se enuncian en el artículo 7 de LIRPF, y sobre una de ellas trata el comentario de hoy.
Desde el 1 de enero de 2015 están exentas las prestaciones económicas establecidas por las Comunidades Autónomas en concepto de renta mínima de inserción para garantizar recursos económicos de subsistencia a las personas que carezcan de ellos, así como las demás ayudas establecidas por estas o por entidades locales para atender, con arreglo a su normativa
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