Derecho administrativo y artículos de opinión variados sobre la actualidad jurídica.
Llega a mis oídos que un colegio público está estudiando prohibir el acto público de graduación, así como los actos de fiestas navideñas, si existe un solo padre o madre que se oponga a exponer a su hijo a que puedan tomarle imágenes.
Me quedo perplejo como padre y jurista, e intento aclarar el panorama.
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Vista desde la playa de Somocuevas.
En los últimos días se ha levantado cierta polvareda en torno a la consulta V0122-17 de la Dirección General de Tributos. En esta consulta se concluye que el alquiler de la vivienda hace perder a la misma el carácter de residencia habitual a efectos de la deducción por adquisición, es decir, impide practicar dicha deducción.
Se trataba de una persona que adquirió su vivienda habitual en el año 2009, vivienda financiada con un préstamo hipotecario y por la que había venido practicando deducción por adquisición desde su adquisición de forma ininterrumpida. Dado que se estaba planteando alquilar la vivienda por cortas temporadas, uno o dos meses al año, durante los cuales trasladaría su residencia a otra vivienda de su propiedad, preguntó si podía seguir practicando la deducción por adquisición de vivienda.
La DGT le contesta que en el ejercicio que alquile su vivienda no podrá beneficiarse de la deducción dado que…
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Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán:
a) Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado;
b) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico;
c) Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos;
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Si Brexit es un acrónimo fruto de Bretaña- exit, creo que Catasortida sería el equivalente ante la pretensión de los gobernantes catalanes de la salida de España hacia la independencia.
No quiero entrar en cuestiones ideológicas, o políticas, pero ante el borrador de Ley de Transitoriedad jurídica que se ha divulgado, en cuanto establece una república parlamentaria en Cataluña y unilateralmente anuncia medidas contra funcionarios y jueces, entre otras ocurrencias, me parece un engendro jurídico que merece la atención que recibiría una vaca de cinco patas y trompa… que quisiese volar
Veamos…
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Más que un principio general de derecho, la proporcionalidad es un principio universal puesto que es la esencia del derecho latente en la vieja definición de Ulpiano (“dar a cada uno lo suyo”), esto es, la búsqueda del equilibrio, la fiel correspondencia entre actuación y respuesta jurídica.
Pues bien, cuando se impugna una sanción, un reintegro de subvención u otro acto administrativo de gravamen, normalmente el abogado avispado tras verter en su demanda la artillería pesada contra el acto administrativo (ilegalidad, indefensión, incompetencia, etc) deja en la recámara y para el final la invocación del principio de proporcionalidad. Normalmente no tiene mucha confianza en su éxito pero no pierde nada.
Al fin y al cabo, es una apelación latente a la clemencia, a provocar un estremecimiento en el juez para que se ponga en lugar del recurrente y que pueda convencerle que los cañonazos sancionadores no pueden…
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La Ley de procedimiento administrativo (LPA) obliga a las administraciones públicas a disponer de oficinas de asistencia en materia de registros (OAMR)… ¿Qué pasos hay que dar para ello? La realidad demuestra que los actuales registros, en el mejor de los casos Oficinas de Atención Ciudadana, no están adaptados a los nuevos requerimientos legales. Esta adaptación es necesaria, sin perjuicio de su desarrollo integral o por fases respecto de procesos concretos, como la digitalización de documentos o el establecimiento de sistemas de firma biométrica para recabar la firma presencial de los ciudadanos. Estos ciudadanos, mejor dicho “personas“, lo agradecerán. A continuación damos algunas pautas para la puesta en marcha de las oficinas de asistencia en materia de registros, desde la óptica principal de un Ayuntamiento.
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La Ley de procedimiento administrativo (LPA) obliga a las administraciones públicas a disponer de oficinas de asistencia en materia de registros (OAMR)… ¿Qué pasos hay que dar para ello? La realidad demuestra que los actuales registros, en el mejor de los casos Oficinas de Atención Ciudadana, no están adaptados a los nuevos requerimientos legales. Esta adaptación es necesaria, sin perjuicio de su desarrollo integral o por fases respecto de procesos concretos, como la digitalización de documentos o el establecimiento de sistemas de firma biométrica para recabar la firma presencial de los ciudadanos. Estos ciudadanos, mejor dicho “personas“, lo agradecerán. A continuación damos algunas pautas para la puesta en marcha de las oficinas de asistencia en materia de registros, desde la óptica principal de un Ayuntamiento.
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Por la presente damos difusión al Manifiesto de Transparencia Internacional y propuestas para combatir la corrupción y aumentar la transparencia y la independencia de la Fiscalía General.
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Si el Supremo nos mostró las exigencias del Estado de derecho y la reconquista del control jurisdiccional sobre la discrecionalidad técnica de los Tribunales calificadores de concursos y oposiciones, ahora la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo recuerda que la discrecionalidad técnica de las Mesas de contratación para apreciar “la oferta mas ventajosa” no es una potestad omnímoda, libre y soberana, sino que está sujeta control judicial cuando están en juego extremos fácticos (hechos determinantes) o cuando se proyecta la fuerza de los principios generales del derecho.
Se trata de la contundente y clara sentencia de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo de 10 de Mayo de 2017 (rec.2504/2015) que confirma una sentencia de la Sala riojana en que se adentró a verificar si la empresa adjudicataria podía cumplir realmente con los tiempos de respuesta comprometidos en su propuesta de contrato de servicio integral de lavandería para el Servicio Riojano…
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El expediente administrativo es el eje del proceso contencioso-administrativo, que contiene -o debe contener- lo actuado por la administración desde su inicio hasta el final, incluidos informes y propuestas o trámites probatorios, así como los escritos de alegaciones del particular.
El expediente es la “caja negra” de la decisión administrativa impugnada en lo contencioso-administrativo, tal y como expuse en un detallado post anterior. Lo que sucede es que no pocas veces la administración se hace la remolona a la hora de enviar el expediente o lo remite incompleto, y tras el novedoso artículo 74 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común cuenta con la coartada de esta trituradora de documentos:
4. No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre…
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