Mas allá de la artimaña política de utilizar un informe jurídico privado como arma arrojadiza, y de la posible burla a la legislación de contratos, el reciente escándalo de los informes encargados por dos concejales del Ayuntamiento de Madrid sobre el Convenio del Open de Tenis, me resulta llamativo que la emisión de un dictamen por parte de bufetes privados sobre posibles ilegalidades penales se facturase… ¡con 100.000 euros!.
También resulta curiosa la cifra porque otros 100.000 euros fueron los que hace tres años pagó la Generalitat de Valencia por un informe jurídico sobre la legalidad de las ayudas de la ciudad de la Luz.
No cuestiono la capacidad de los bufetes ni su caché. Tampoco santifico los informes de los letrados públicos de cuyas perversiones me ocupé con claridad.
Sin embargo, lo que me resulta extraño y llamativo es tamaño precio por un informe jurídico de un bufete…
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