El serio pistoletazo de salida de la administración electrónica propiciado por la vieja Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, fue seguido de su derogación como el ave fénix para reconvertirse en las leyes 39/15 de Procedimiento Administrativo Común y 40/15 de Régimen Jurídico del Sector Público.
Desde entonces, su implantación ha avanzado a trancas y barrancas, gracias a tres factores fundamentales que se han sumado al esfuerzo institucional oficial: a) El relevo de nuevas e-generaciones de ciudadanos forjadas a golpe de pantalla que nos van desplazando a los de bolígrafo y Olivetti; b) el esfuerzo de algunas autoridades y funcionarios que creen en la administración electrónica y que la impulsan y nos enseñan;y c) la necesidad de todos, de “renovarse electrónicamente o morir” .
En suma, el “analfabeto electrónico” no tendrá sitio en la administración del siglo XXI, ni…
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