El convenio administrativo representa un instrumento del que se hace un uso intensivo por parte de nuestras Administraciones Públicas. La relativa anomia normativa que se proyectaba sobre esta figura fue corregida en 2016 siguiendo los criterios enunciados por el Tribunal de Cuentas. Antes del mes de octubre del año 2019 (quedan poco más de doce meses) se deberán adaptar decenas de miles de convenios administrativos a las reglas establecidas en la Ley de régimen jurídico del sector público (LRJSP), que entró en vigor el 2 de octubre de 2016. La actual regulación íntegra de esta figura abre, no obstante, algunas incógnitas aplicativas, particularmente en el ámbito de la adaptación, pues ha sido deficientemente regulada en la disposición adicional octava de la LRJSP. Y ello puede plantear innumerables problemas que ahora no pueden ser tratados en esta breve entrada, cuyos fines son mucho más modestos.
El objeto de estas líneas…
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