Elecciones andaluzas. Otra opinión más (o menos). Primera parte.

Resulta bastante claro que en una tribuna como esta, dedicada mayormente al derecho administrativo, no parezca tener cabida en su interior asuntos de índole política. Pero también resulta que el autor de estas líneas, funcionario en esa administración desde hace más o menos dos décadas, ha sido testigo (privilegiado, como muchos otros compañeros) de primera mano del intríngulis del hacer administrativo en varias Consejerías, con muy variadas materias, y en puestos de toda índole (desde esferas de cierta responsabilidad hasta de lo más básico), teniendo conocimiento de causa (y unas pocas canas que peinar, el resto seguro que se ha caído en alguna dependencia administrativa), para escribir de forma sosegada, días después de las elecciones, lo que va a leer a continuación.

Porque querido lector, no es lo mismo administración y gobierno. Tampoco es igual Parlamento (andaluz) que poder ejecutivo o ejecutor de las políticas de turno. Y porque, en definitiva, tampoco es lo mismo el personal que trabaja en el sector público, que desempeña su trabajo tras haber aprobado unas oposiciones que aquél que entra a formar parte de la administración sin capacitación alguna.

Pero vamos al turrón, ahora que se aproximan esas fechas. El trabajador de la administración andaluza, abnegado, en la mayor parte de los casos, en el desempeño de sus funciones, aplica la normativa que en cada momento tiene en su mano. Esta normativa está sometida (desgraciadamente en ocasiones) al albur del poder político que es el que la propone y del Parlamento, que con sistema de mayorías, es el que las aprueba. Ese personal al servicio de la administración tiene unos clientes, los ciudadanos, que solicitan cosas a las que tienen derecho, a los que se deben. Pero este deber a veces resulta constreñido por vaivenes ajenos que posibilitan cierto hartazgo, tanto de clientes-ciudadanos, como de los que nos encontramos a este lado de la mesa e intentamos aplicar las herramientas que tenemos, con mayor o menor acierto. Y hay un momento para decir basta. No sólo porque la sociedad piensa que debe producirse un cambio, sino porque también es conveniente que otras personas con también otras ideologías (ni mejores ni peores, sencillamente distintas), ajenas al poder durante 36 años, puedan dar un paso al frente e intentar que se produzca un cambio de mentalidad, de ideas, de políticas, de sensaciones y de personas.

Y ese momento ha llegado. No es malo ni bueno para los que se van o los que vienen. Es diferente. Sólo eso. No demonicemos antes de tiempo ni a unos ni a otros, ya que el tiempo siempre coloca a cada uno en su sitio. Recordemos que la mano ejecutora de la política es la administración y que ésta última no es política, es objetiva según el mandato de la Constitución. Y me consta. Y lo sé. Pese a quien le pese… (continuará).

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