Información pública concedida de forma ficticia: ¿Una trampa a la transparencia?

De la lectura de algunas resoluciones de los diferentes órganos que se encargan de ser los garantes de la transparencia en España, he podido contemplar como se da un caso paradójico: el solicitante reclama a estos órganos que a pesar de que se resuelve a su petición de acceso a la información pública por parte de los sujetos obligados por la legislación de transparencia, estos realmente no  conceden la misma, pues no solo la fundamentación jurídica es contraria al criterio de ofrecerla, sino que también lo es el propio contenido de la resolución que dice conceder ese derecho. Es decir, se crea una ficción de ofrecimiento de la información cuando realmente lo que hacen es otra cosa muy distinta (no darla).

Y esto obliga a los diferentes Consejos que en materia de Transparencia existen en España, a dictar resoluciones dando la razón al ciudadano que no entiende absolutamente nada de lo sucedido. Veámoslo con un ejemplo (y hay muchos) del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a través de la R-0008-2019:

“Tal y como ha quedado expuesto en los antecedentes de hecho, la Administración ha dictado resolución por la que acuerda conceder el acceso a la información facilitando un enlace a la Agenda del Presidente del Gobierno en la página web de Moncloa. La remisión al mencionado enlace, consciente de que en el mismo no se recoge la información que es objeto de solicitud, no se puede considerar concesión al no facilitar al interesado la información que solicita. Más al contrario, la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, a través de dicha respuesta, en realidad realiza una justificación de los argumentos por los que, a su juicio, la información requerida no puede ser proporcionada.
A nuestro juicio, y sin bien puede parece una cuestión menor, ello no es así por cuanto, tal y como ha puesto de manifiesto en diversas ocasiones este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, no son pocas las ocasiones en las que una resolución calificada como de concesión, en realidad no lo es tal por cuanto no se proporciona la totalidad (como en este caso, en que, simplemente, se dan los argumentos en los que se basa la denegación y un enlace a la web de Moncloa) o parte (como ocurre en supuestos tramitados por este Organismo en los que, en fase de reclamación, se aportan los argumentos por los que no puede concederse el acceso a parte de la información solicitada) de la información.

Según el artículo 88 de la Ley 39/20155, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la resolución por la que se ponga fin al procedimiento instado por un interesado debe tener el siguiente contenido:
1. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas
por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo.
Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquéllos por un plazo no superior a quince días, para que  formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba.
2. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será
congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un
nuevo procedimiento, si procede.
3. Las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los casos a que se refiere el artículo 35. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. (…)
En este sentido, y aplicando al precepto anterior al caso que nos ocupa, la decisión de la
Administración es la denegación de la información y los motivos son los argumentos jurídicos en los que dicha denegación se basa, aunque en la resolución indique que se resuelve conceder el acceso a la información. Por ello, lo que la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO considera que es una concesión del acceso, por cuanto se recogen los razonamientos jurídicos que imposibilitan a su juicio que los datos solicitados sean proporcionados, no serían sino los fundamentos jurídicos que toda resolución administrativa debe recoger y en los que se basa la decisión administrativa que, claramente, en este caso es de denegación del acceso”.

Y ahora, querido lector, ¿tengo o no razón cuando digo que en estos casos se crea una ficción de ofrecer la información que se pide cuando lo que se hace es no facilitar la misma?

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s