Un ciudadano se dirige a un Ayuntamiento de Cataluña solicitando un listado completo de todo el personal funcionario y laboral, con nombre, apellidos y categoría profesional o grupo, incluyendo también a los agentes de la Policía Local.
El Ayuntamiento resuelve la solicitud denegando el acceso a la información pública porque considera que el nombre y los apellidos es un dato personal protegido.
No conforme con esta respuesta municipal, el solicitante presenta una reclamación ante la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso de Cataluña (GAIP), quien, mediante Resolución 263/2019, de 9 de mayo, estima parcialmente la misma, aunque impone una serie de limitaciones.
El nombre y apellidos de las personas que trabajan en una institución pública es un dato personal y, por tanto, el acceso al mismo por parte de terceras personas necesita, bien el consentimiento expreso del titular del dato personal, bien una norma con rango de Ley que legitime…
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De izquierda a derecha: Julio Lage, presidente de la Comisión Económica de la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades; Juan Francisco García Marín, rector de la Universidad de León junto al presidente del Consejo Social de esa institución, Javier Cepedano y la Directora general de Universides de Castilla y León, Blanca Ares. 
El panel que me correspondía fue coordinado por el catedrático leonés de contabilidad, 
