Los Colegios profesionales y la legislación de Transparencia. A propósito de la Resolución 272/2019, de 8 de octubre del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

Que los Colegios Profesionales en su actividad sujeta al derecho administrativo están sometidos al acervo legislativo de la Transparencia Púbica, es notoriamente admitido por el Consejo, ya que, según la Resolución 272/2019“[e]n virtud de lo previsto en el artículo 3.1 h) LTPA, están constreñidas a observar las disposiciones de esta Ley “[l]as corporaciones de derecho público andaluzas y entidades asimilables […] en lo relativo a sus actividades sujetas al Derecho Administrativo”. Por  otra parte, debe señalarse que, según establece el artículo 2 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, este orden jurisdiccional conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho Público adoptados en el ejercicio de funciones públicas”.

Esta posición la mantiene desde sus primeras Resoluciones. Así cita la Resolución 31/2016, cuyo Fundamento Jurídico indica lo siguiente: “[e]s el doble carácter público y privado que ostentan estas Corporaciones lo que hace que el régimen de aplicación de la LTPA no sea tan intenso como el aplicado para las Administraciones Públicas, de tal modo que quedaría al margen de esta Ley el conjunto de actividades no sometidas al Derecho Administrativo. No obstante, por las finalidades preeminentemente públicas que ostentan, por la no menos importante función de las prerrogativas públicas que ejercen y por el carácter de actos administrativos que se derivan de la actividad colegial en sus decisiones sujetas al derecho administrativo, se justifica el hecho de que se vean sometidas a las exigencias en materia de transparencia”.

Además de lo anterior, la doctrina también mantenía este posicionamiento. Señaladamente Miguel Ángel Blanes, en este artículo de 22 de junio de 2017  establecía las bases de hasta donde ha de llegar la transparencia de estos entes. Y comenzaba así: 

“Los colegios profesionales, como Corporaciones de Derecho Público que son, están sujetas a las distintas leyes de transparencia, tanto por lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa en su página web, como en cuanto al ejercicio del derecho de acceso a la información pública por parte de cualquier persona.

Ahora bien, esta sujeción no es absoluta, sino parcial. Los colegios profesionales únicamente están obligados a cumplir las leyes de transparencia “en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo” (artículo 2.1.e) de la Ley 19/2013, 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, LTAIBG)”.

Volviendo a esta Resolución del Consejo, discernir cual es la materia que se somete al derecho administrativo, es lo que realiza el Consejo en la Resolución citada, puesto que la reclamación se refiere a materia electoral. Y argumenta que no solo el Tribunal Constitucional reconoce que los aspectos organizativos (como es el electoral) tienen una dimensión pública (véase la página 11, Fundamento Jurídico Quinto), sino “que las controversias al respecto se sustancien ante la jurisdicción contencioso-administrativa [además de los ejemplos mencionados en las citadas Resoluciones del CTBG, la STS de 3 de marzo de 2009 (N Recurso: 1177/2006) y las SSTJ de Madrid de 18 de noviembre de 2016 (N.º 866/2016) y de 11 de diciembre de 2017 ( N.º 731/2017)]”.

Sin embargo en este caso existe un elemento añadido que evidencia aún más el sometimiento objetivo y subjetivo a la normativa de Transparencia de los Colegios Profesionales, ya que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Unión Interprofesional elaboraron en 2016 la “Guía de Transparencia y Acceso a la Información Pública a los Colegios Profesionales y demás Corporaciones de Derecho Público”, que el propio Colegio Oficial reconoce utilizar en sus consultas, y cuya página 15 tilda de materia sobre la que la ciudadanía puede acceder a la información pública, la referente al proceso electoral. Blanco y en botella. El Consejo obviamente estima el recurso y resuelve instar al Colegio Profesional a poner a disposición del reclamante la información solicitada. No es para menos.

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