Mientras todavía se debate, de forma machacante, sobre la obligatoriedad o no de la contratación electrónica (cuya vigencia discuten sobre todo los amantes de las corruptelas), simultáneamente existen y persisten otros frentes abiertos en el proceloso mundillo de la contratación pública y sus frecuentes malas prácticas. Uno de estos frentes es la utilización fraudulenta de la figura de la revisión de precios.
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