Modificación de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía efectuada por la Disposición Final Segunda de la Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020 BOJA n.º 246 de 24 de diciembre de 2019).

La Ley de Presupuestos para 2020 modifica el artículo 60 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, introduciendo una pequeña explicación en el Preámbulo del sentido de la misma:

“También la disposición final segunda modifica la Ley de Administración de la Junta de Andalucía, con la finalidad de completar las causas de disolución y extinción previstas para las agencias de la Administración de la Junta de Andalucía, entre las que se destacan, de un lado, las relativas al cumplimiento o incumplimiento de sus fines, cuando en el proceso de supervisión continua así se concluya, y de otro, cuando la entidad se encuentre en situación de desequilibrio financiero estructural, aplicándose esta última a partir del ejercicio 2021. Asimismo, se regula el proceso de disolución y liquidación hasta su extinción”.

De esta forma el legislador andaluz parece que va a acometer, por fin, la tan necesaria limpieza de los Entes Instrumentales de la Junta de Andalucía. Si incumplen sus fines, o si aún cumpliéndose, o si se considerar que su subsistencia no es el medio más adecuado para lograrlos, como puede ser el caso de la existencia de personal en la administración general de la Junta de Andalucía que pueda realizar estos fines; o incluso si el ente en cuestión se encuentra en desequilibrio financiero. Así, un gran porcentaje de las Agencias pueden tener sus días contados.

La redacción es la siguiente (subrayado lo que pervive del anterior texto del art. 60):

“Artículo 60. Disolución, liquidación y extinción.

1. Las agencias deberán disolverse:

a) Por determinación de una ley.

b) Mediante decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería de adscripción y previo informe de las Consejerías competentes en materia de Hacienda, Administración Pública y Regeneración, en los siguientes casos:

1.º Por el transcurso del tiempo de existencia señalado en la ley de creación.

2.º Porque sus fines hayan sido totalmente cumplidos, de forma que no se justifique la pervivencia de la agencia; por incumplimiento de los fines que justificaron su creación; o por considerarse que su subsistencia no es el medio más idóneo para lograrlos.

Se entenderá que concurren las causas a que se refiere el párrafo anterior cuando así se concluya en el proceso de supervisión continua.

3.º Por la asunción de la totalidad de sus fines y objetivos por los órganos o entidades de la Administración de la Junta de Andalucía.

4.º Por encontrarse en situación de desequilibrio financiero estructural, en los términos que se determinen reglamentariamente. En el desarrollo reglamentario que se establezca se contemplará la posibilidad de elaborar planes de corrección del desequilibrio y el procedimiento y plazos para acordar la disolución, en su caso, ante la falta de corrección del desequilibrio.

5.º Por cualquier otra causa establecida en los estatutos.

2. En el plazo máximo de seis meses a contar desde el momento en que concurran las causas de disolución a que se refieren los subapartados 1.º, 2.º, 3.º y 5.º del párrafo b) del apartado anterior, la persona titular del máximo órgano de dirección de la agencia formulará un plan de liquidación y extinción, y lo comunicará a la persona titular de la Consejería de adscripción.

En el plazo máximo de dos meses a contar desde la recepción de la comunicación a que se refiere el párrafo anterior, el Consejo de Gobierno aprobará el Decreto en el que se determinará la disolución, se designará al órgano o entidad que asumirá las funciones de liquidador y se establecerán las medidas aplicables al personal a que se refiere el apartado 5.

3. Publicada la ley o el decreto de disolución, se entenderá automáticamente iniciada la liquidación.

La liquidación tendrá lugar por la cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo de la agencia en la Administración de la Junta de Andalucía, o en la entidad instrumental que se determine, que le sucederá universalmente en todos sus derechos y obligaciones.

La Administración de la Junta de Andalucía o, en su caso, la entidad instrumental que se determine quedará subrogada automáticamente en todas las relaciones jurídicas que tuviera la agencia con sus acreedores, tanto de carácter principal como accesorias, a la fecha de entrada en vigor de la ley o decreto que determine la disolución, incluyendo los activos y pasivos sobrevenidos. Esta subrogación no alterará las condiciones financieras de las obligaciones asumidas ni podrá ser entendida como causa de resolución de las relaciones jurídicas.

4. Formalizada la liquidación de la agencia, se producirá su extinción automática.

5. La ley o el decreto que determine la disolución establecerá las medidas aplicables al personal de la agencia disuelta, y, en particular, la posibilidad de su integración en la Administración de la Junta de Andalucía o, en su caso, en la entidad instrumental de esta que asuma los objetivos y fines de la agencia extinguida o en la que tenga lugar la cesión e integración global del activo y el pasivo. En su caso, esta integración se llevará a cabo de acuerdo con los procedimientos de movilidad establecidos en la legislación de Función Pública o en la legislación laboral que resulte aplicable.

Los distintos tipos de personal de la agencia extinguida tendrán los mismos derechos y obligaciones que les correspondan de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación.

La integración, en su caso, del personal que conlleve la extinción no supondrá, por sí misma, la atribución de la condición de funcionario al personal laboral propio que prestase servicios en la agencia extinguida.

De la ejecución de las medidas aplicables al personal de la agencia extinguida no podrá derivarse incremento alguno de la masa salarial preexistente en esta”.

Confío en que el cumplimiento de este artículo se lleve a efecto “ipso facto”, previos análisis, informes y desarrollos reglamentarios que sean necesarios.

Publicado por Antonio Ager

Amante y apasionado del derecho administrativo, en todas sus ramas y variantes, derecho de las nuevas tecnologías, transparencia y protección de datos, ...

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