Suspensión de plazos administrativos: COVID19

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 contiene la Disposición adicional tercera, referente  a la “Suspensión de plazos administrativos”, que establece lo siguiente:
“1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los  procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector
público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.

4. La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los que hace referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma”.

En materia de plazos administrativos, ¿qué significa? Ni más ni menos que a menos que se hayan acordado medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en derechos o intereses del interesado y previa conformidad suya, o que se trate de procedimientos y resoluciones que se refieran a situaciones que se encuentren estrechamente vinculados a los hechos justificativos del estado de alarma, todos los plazos administrativos quedan suspendidos.

  • “Pues yo tengo que presentar una solicitud para presentarme a la licitación de un contrato cuyo plazo acaba mañana”.
  • “Tengo cita pare renovar el carnet de identidad el próximo miércoles 18 de marzo”.
  • “El plazo de presentación de solicitudes para presentarme a los exámenes de las oposiciones que llevo preparando mucho tiempo acaba el día 20 de marzo”.
  • “Tengo que solicitar una subvención antes del día 25 de marzo”.
  • “Mi coche ha de pasar la ITV. Me han dado cita para el día 23 por la tarde y si no voy se me pasa el plazo y circularé con un coche sin que haya pasado la ITV”

Todos estos casos tienen la misma suspensión procedimental. No se pueden hacer ninguno de estos actos, no solo porque no sea posible (el plazo suspendido no genera más derechos que los que deriven de la propia suspensión) sino porque el legislador ejecutivo, en uso de las funciones constitucionales dice que no se han de hacer. En resumen, tiene la misma obligatoriedad el no salir a la calle (libertad de circulación de las personas) como el que no haya plazo administrativo para realizar trámite alguno porque el mismo se encuentre suspenso (al menos 15 días).

¿Y que pasará después? Pues el mismo legislador acordará proseguir los plazos desde el mismo momento en se levante la suspensión. Imaginemos que nos queden 2 días para presentar una solicitud para ser merecedores de una subvención. Cuando se acuerde que el estado de alarma ha terminado, desde ese momento seguirán quedando esos dos días (grosso modo). El lector me podrá preguntar,  que sucede en aquellos casos de plazos fijos (renovación del DNI el 18 de marzo o ITV el 23, por seguir el ejemplo citado). Me temo que el paciente administrado/ciudadano/cliente tendrá que volver a ponerse en contacto con la entidad pertinente para preguntar la nueva fecha del trámite (reprogramación) de la cita.

Seguro que existirá una casuística casi infinita, pero en la actualidad solo debemos pensar en como salir de esto de la mejor forma posible y que ganemos la batalla al COVID19. Porque si no se la ganamos (#YoMeQuedoEnCasa), pocos plazos administrativos tendremos para efectuar trámites …

Publicado por Antonio Ager

Amante y apasionado del derecho administrativo, en todas sus ramas y variantes, derecho de las nuevas tecnologías, transparencia y protección de datos, ...

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