Leídos el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (sobre todo), y también la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, me gustaría compartir unas reflexiones al respecto. Vaya por delante que esta no es una entrada técnica o doctrinal como las que hemos publicado en otras ocasiones para dar a conocer los puntos clave de una nueva norma. En este sentido, me quedo con los análisis rigurosos de Rafa Jiménez Asensio y Javier Vázquez Matilla.
Primera reflexión. El Real Decreto-ley 36/2020 no es una Ley para modernizar la Administración. Es una Ley para la ejecutar de forma pretendidamente ágil los fondos «Next Generation EU».
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