Anteproyecto de Ley de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante (II). Disposiciones generales

Ayer empezamos a desgranar este anteproyecto. Hoy seguimos con el orden del propio Proyecto de Ley, “disposiciones generales” que siguen el esquema ya tan manido de establecer su objeto y finalidad; ámbito de aplicación; un catálogo de definiciones necesarias para comprender los rudimentos del texto; y unos principios, programáticos más bien, pero que son el espíritu de la norma proyectada. Quizás se echa en falta enunciar derechos y obligaciones, aunque ambos aspectos aparecen a lo largo del texto de forma más o menos clara.

Desde el borrador de septiembre de 2019 hasta el texto último de finales del 2020, las disposiciones generales han sufrido cambios de cierta importancia sobre todo en lo que respecta a su objeto, ya que su finalidad de lucha contra el fraude y la corrupción han permanecido inalteradas.

Así al doble objeto de servir para crear la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción y el establecimiento de un régimen de protección de los denunciantes, se le une un tercero, que resultaba obvio, esto es, regular todo un régimen sancionador para lo que la futura Ley pretende hacer.

En el artículo 2 se define lo que es el fraude y la corrupción, de una forma más o menos acertada, aunque las propias definiciones incurren en determinaciones más propias de ilícitos penales que administrativos. Mención especial ha de tener el concepto de “conflicto de intereses”, que quizás recuerda, en su segundo párrafo a la definición contenida en el artículo 64.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, a la que se añade la palabra “político”. Sin embargo no llego a entender muy bien la diferencia entre el “ejercicio imparcial y objetivo de las funciones” y la “participación en un procedimiento en el que se tenga, directa o indirectamente, un interés financiero, político, económico o personal”. ¿No se trata, en esencia, de lo mismo?

También define lo que es el sector público andaluz, haciéndose un reenvío a la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

El artículo 3 determina de una forma que puede parecer un poco farragosa el ámbito subjetivo de aplicación. Sin embargo, si decimos que este ámbito se circunscribe a todas las personas que trabajen para una administración pública andaluza o sus entes instrumentales o que tengan o hayan tenido relación con las mismas (contratos públicos, créditos, subvenciones, licencias, autorizaciones, …); y aquellos que hayan denunciado (sobre la denuncia dedicaré más adelante, en otra entrada, la conveniencia de emplear esta terminología), se ve de una forma más clara. Sin embargo nada se dice p.e., de aquellas personas que conozcan los hechos y no los hayan denunciado, o aquellos que no sean investigados pero que puedan ayudar a que se investiguen los mismos. Un buen “cajón de sastre” podría ser el efectuar una referencia a “cualquier persona que fuera conocedora de cualquiera de los actos o hechos que esta ley sanciona”, o similar.

Y como decíamos al principio de esta entrada, los principios rectores del artículo 4, que constituyen el espíritu o la esencia de una norma que se precie, no pueden faltar. ¿Su función? Pues resultan una buena muletilla para incluir en las resoluciones de los procedimiento sancionadores que se dicten. Tiempo al tiempo.

(… continuará …)

Publicado por Antonio Ager

Amante y apasionado del derecho administrativo, en todas sus ramas y variantes, derecho de las nuevas tecnologías, transparencia y protección de datos, ...

Un comentario en “Anteproyecto de Ley de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante (II). Disposiciones generales

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