Anteproyecto de Ley de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante (III). La creación de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción

Como continuación de las entradas anteriores sobre esta materia ( I y II), continuamos con el análisis de este anteproyecto de la forma lo más resumida y sencilla posible.

Uno de los cometidos fundamentales de este Anteproyecto de Ley, mencionado anteriormente, es la creación de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (“Oficina” en adelante ; órgano al que dedica todo el Título I), de adscripción parlamentaria, personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Me recuerda en su creación al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, en la que tuve el honor de desempeñar mi trabajo durante 2 años.

La erradicación y prevención del fraude, de la corrupción y de los conflictos de intereses en el sector público andaluz, constituyen su finalidad principal. Aunque como secundaria se menciona la promoción de una cultura de “buenas prácticas y de rechazo del fraude y la corrupción en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, así como en la gestión de los recursos públicos.

¿Cómo se regulará este nuevo órgano en cuanto a la organización, estructura y funcionamiento? Pues con independencia de lo que diga la Ley que se apruebe, habrá de hacerse lo propio mediante un reglamento de desarrollo, elaborado por el Director de la Oficina y remitido al Parlamento para su aprobación.

Su ámbito de actuación (art. 8) es más o menos coincidente con el ámbito de aplicación de la Ley. Podrían haberse ahorrado una casi reiteración de este artículo y unificar ambos ámbitos en aras de una mayor sencillez en el texto propuesto. A continuación se detallan las funciones de la Oficina (art. 9) que abarca no solo velar por el cumplimiento de los principios del artículo 3, que vuelve a reiterar, sino realizar actuaciones de investigación e inspección que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción y conflicto de intereses; informar de forma preceptiva de las iniciativas legislativas relacionadas con las funciones y finalidad de la Oficina; realizar un estudio, promoción e impulso de buenas prácticas en la gestión pública; colaborar en la formación de las personas incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley; formular propuestas y recomendaciones en materia de buen gobierno; colaborar con órganos y organismos para prevenir y corregir actuaciones de control del gasto o infracciones; tramitar denuncias en el ámbito de sus competencias; iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores que se tramiten como consecuencia de la aplicación de la ley; …

Esta Oficina no “podrá realizar funciones correspondientes a la autoridad judicial, Ministerio Fiscal y policía judicial, ni podrá investigar los mismos hechos que sean objeto de sus investigaciones” (art. 10.2). Lo anterior resulta obvio, ya que esta Oficina actúa en el orden administrativo y no en el penal, aunque no esté mal recordarlo en la propia Ley.

El capítulo I del Título I culmina con unas reglas básicas relativas la la confidencialidad de las actuaciones de la Oficina (tanto de sus investigaciones como de las informaciones obtenidas, personas investigadas y denunciantes; el deber de sigilo de las personas que trabajen en la Oficina) y a la protección de Datos de carácter Personal, estando sometida al Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. Ambos artículos han sido objeto de algunos cambios hasta llegar a este texto que estamos analizando, sobre todo efectuados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, que acertadamente ha introducido mejoras sensibles que otorgan un mayor rigor jurídico a las precisiones que sobre esta materia se efectúan.

… (continuará) …

Publicado por Antonio Ager

Amante y apasionado del derecho administrativo, en todas sus ramas y variantes, derecho de las nuevas tecnologías, transparencia y protección de datos, ...

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