Breve análisis de las modificaciones que el Parlamento de Andalucía ha realizado sobre el Proyecto de Ley y que ha dado lugar a la aprobación de la Ley 2/2021, de 18 de junio contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante.

Hace unos días escribí una pequeña nota al respecto (en ese lugar se pusieron enlaces a los artículos dedicados en su día al proyecto de ley): https://iuslexblog.wordpress.com/2021/07/01/publicada-la-ley-2-2021-de-18-de-junio-contra-el-fraude-y-la-corrupcion-en-andalucia-y-proteccion-de-la-persona-denunciante/

Las modificaciones sobre el texto presentado al Parlamento han sido bastante parcas y no han mejorado en prácticamente nada lo ya escrito, de forma resumida (a lo mejor no tanto), son las siguientes:

1.- Se añade en los artículos que mencionan los hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción o conflicto de intereses, lo siguiente: “cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses públicos o financieros” (artículos 4.3; 9.1. b), f). k) y ñ); 10.2; 16.1; 19.1; 21.4.

2.- Se menciona en la finalidad del artículo 7 la creación de un código ético o de buenas conductas.

3.- Se añade un nuevo artículo 10.2 en el sentido de que el informe que se ha de enviar a la oficina tras el conocimiento por la misma de la existencia de alguno de los actos objeto de la Ley y la puesta en conocimiento del órgano implicado, ha de hacerse en un plazo de 6 meses.

4.- Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 11 (funciones en el ámbito de las Universidades Públicas Andaluzas):

“El Director de la Oficina Antifraude puede establecer convenios, protocolos, planes y programas conjuntos de actuación en materia de prevención y lucha contra la corrupción con los poderes, instituciones y organismos públicos de carácter local”.

5.- Se añade un nuevo apartado f) al artículo 13, como uno de los deberes de colaboración: “[e]l incumplimiento de lo previsto en el artículo 14.4.

Derivado de lo anterior, se crea el apartado 4 del artículo 14:

“Al cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.1, todas las personas, administraciones, instituciones, órganos y entidades incluidas en el artículo 3 y todas las personas incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley, definido en el artículo 4, estarán obligados al deber de sigilo y de confidencialidad sobre los hechos que son objeto de investigación e inspección, así como las personas y entes sobre los que se producen dichas actuaciones, siempre y cuando la oficina advierta de su modalidad reservada”.

6.- Se elimina el párrafo 2 del apartado a) del artículo 17 (los gastos de la asistencia letrada no se han de abonar por la Junta de Andalucía)

7.- En el apartado 20. c) respecto a que las denuncias han de expresar la identidad del denunciante y los hechos, se añade la excepción de las que hayan sido formuladas de forma anónima. Creo que este es el único caso en que el legislador Andaluz ha oído las quejas que al respecto de este tipo de denuncias se han vertido por este y otros blogs y artículos al uso.

8.- Se añade en el artículo 23.1 (suspensión y finalización del procedimiento de investigación e inspección), un nuevo párrafo:

“No obstante, este período máximo de resolución podrá ser ampliado en tres meses más, siempre y cuando exista una resolución motivada de la Oficina para aquellos casos de especial complejidad o cuando las circunstancias así lo aconsejen. El plazo máximo para resolver no podrá exceder de nueve meses”

No se entiende la finalidad de esta inclusión a no ser que se busque una ampliación de un plazo ya de por si bastante amplio, cuya motivación desconozco.

9.- Se añade un nuevo apartado, el 4, al artículo 31:

Los funcionarios que estén al servicio de la Oficina no participarán en sus funciones siempre que medie una de las siguientes causas:

a) Vínculo matrimonial o situación de hecho análoga y el parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con cualquiera de las partes objeto de la causa.

b) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes.
c) Tener algún tipo de interés directo o indirecto que pudiera afectar al procedimiento”
.

10.- Un nuevo apartado e) aparece en el artículo 37.1 (derechos de las personas denunciantes):
“e) La Oficina vigilará que las personas que denuncien posibles casos de corrupción no sufran un empeoramiento de las condiciones de su entorno laboral o sean sujeto de cualquier forma de perjuicio o discriminación. La Dirección de la Oficina promoverá ante las autoridades competentes las acciones correctoras o de restablecimiento que resulten pertinentes, de las que dejará constancia en la memoria anual”.

11.- Se añade en el art. 39.1 la mención a la denuncia anónima en cuanto a la publicidad de la información relativa a la tramitación de denuncias ante la Oficina.

12.- Se añade una nueva infracción grave en el artículo 43, en esta caso mediante la inclusión del apartado g) : “[l]a filtración de información en la investigación que cause graves perjuicios a la propia investigación o al denunciante”.

13.- Y con este bonito número terminamos las modificaciones producidas. Ya hemos visto como el legislador andaluz es especialmente celoso con el tema de las denuncias anónimas. Así una nueva disposición adicional segunda establece lo siguiente:

“Denuncias anónimas.

  1. La Oficina estará obligada a admitir a trámite, así como a iniciar el procedimiento de investigación e inspección de las denuncias anónimas, siempre y cuando las mismas cumplan los requisitos establecidos en el artículo 20.1, previo análisis de la verosimilitud de los hechos denunciados o comunicados.
  2. La Oficina está obligada a implementar una vía que garantice el derecho a la denuncia anónima, a través de la creación de un buzón o canal de denuncias anónimas”.

CONCLUSIONES:

Desde el punto de vista positivo podemos comprobar, como ya dije anteriormente, que el Parlamento Andaluz ha provisto de unas mejores garantías al denunciante anónima y a la denuncia que se deriva de su actuar “procesal”. Hasta aquí lo positivo. Lo negativo es que existen numerosos defectos que ya se han explicado en las entradas que se hicieron al efecto (arriba en el enlace se pueden ver): falta concretar y perfilar algunas definiciones; existen una serie de actividades administrativas que esta Oficina ejercita como tales y que estarían más bien dentro del ámbito penal; el procedimiento aunque se ha intentado hacerlo breve y simple es bastante farragoso en la práctica (veremos las dificultades que el operador jurídico puede encontrar); problemas en cuanto al final de la vía administrativa; se debería haber dotado de mayor garantía a los traslados del personal que ponga en conocimiento de los hechos; y algunas otras que me dejo en el tintero para no aburrir al lector.

Feliz semana. Felices vacaciones.

Publicado por Antonio Ager

Amante y apasionado del derecho administrativo, en todas sus ramas y variantes, derecho de las nuevas tecnologías, transparencia y protección de datos, ...

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