Derecho administrativo y artículos de opinión variados sobre la actualidad jurídica.
Esta es la alerta que lanza la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a sus compañeros de los restantes ministerios en el control que les ha realizado sobrela contratación en 2018. Simplificando podríamos calificarlo como un “aprobado alto”. Veámoslo.
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La Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo ha dictado recientemente la sentencia 1820/2019 en la que establece que quienes han accedido a la condición de funcionarios de carrera mediante un proceso de “funcionarización” como consecuencia de una prestación de servicios previa en régimen laboral tienen derecho a que los trienios reconocidos como personal laboral le sean abonados, tras adquirir la condición de funcionarios, “en la cuantía correspondiente al momento en que fueron perfeccionados”.
Pero no quiero centrarme en el tema concreto de la percepción de los trienios, y sí en los procesos de funcionarización del personal laboral que tienen lugar en las distintas Administraciones Públicas (Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales).
La Sentencia del Tribunal Constitucional 99/1987, de 11 de junio impuso un cierto cambio de rumbo en la tendencia a la laboralización de la función pública, señalando que la Constitución (art. 103.3) había optado por un “régimen…
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Confirmado, después de un via crucis de tímidos intentos (televisados) por formar Gobierno, el día 10 de noviembre tenemos, una vez más, Elecciones Generales. Sí, otra vez, y las que haga falta (pensarán algunos), como en el Día de la Marmota. Unos comicios que, si arrojan como es previsible un resultado similar, nos llevarán de nuevo al punto de partida.
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Por su interés adjunto el enlace que este magistrado expone la cuestión: https://delajusticia.com/2019/09/16/los-interinos-de-larga-duracion-y-las-cartas-al-tribunal-europeo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+delajusticia+%28El+rinc%C3%B3n+jur%C3%ADdico+de+Jos%C3%A9+R.+Chaves%29 Altamente interesante, no solo para el que conoce el tema, sino para los legos que saben algo del tema, aunque sea de oídas. ¡Enhorabuena a su autor!
A Fernando, amigo desde la infancia y, a pesar del contexto, funcionario ejemplar.
Por razones que no vienen al caso, he compartido recientemente mesa y conversación con algunos viejos amigos, que viven distantes del lugar donde resido. Y hablando sobre temas dispares hemos recalado en varias ocasiones sobre el mal estado de nuestras Administraciones Públicas. Uno de tales interlocutores, funcionario comprometido (de quien omito sus apellidos porque nunca se opina, menos en privado, a gusto de todos), puso las cosas en su sitio (aunque la cita no sea literal): tras un largo paréntesis debido a las elecciones y a la eterna formación de un gobierno que finalmente salió con calzador y con brotes de esperpento añadidos, “llevamos –me dijo- varios meses de absoluta parálisis, que sumados al tiempo del anterior mandato, cuyos responsables se limitaron al cumplimiento formal de la legalidad en el ejercicio de sus tareas, ya que no…
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A veces, el silencio es la peor mentira (Miguel de Unamuno)
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En el caso que vamos a analizar a continuación se plantea la siguiente cuestión: si un diputado provincial puede o no obtener una copia de los escritos de demanda y de contestación a la misma presentados por un concesionario de la Diputación Provincial en un recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la misma.
La Diputación Provincial y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo resolvieron, en esencia, que el diputado no podía obtener una copia de ambos documentos porque no forman parte de un expediente administrativo, sino de un expediente judicial, por lo que debería personarse en el correspondiente procedimiento y solicitarlo expresamente al órgano judicial.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en su Sentencia de fecha 19/7/2019, (Id. Cendoj 47186330032019100249; Roj: STSJ CL 3363/2019-ECLI: ES:TSJCL:2019:3363) anula la resolución desestimatoria municipal y revoca la decisión del Juzgado de Instancia, al considerar, en resumen, que el concepto de expediente…
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Origen: Web de la Asociación de dirección pública profesional (redifusión).
Nuestro entorno institucional internacional hace tiempo que viene apostando por una dirección pública profesional en el sector público empresarial y fundacional, ya que es evidente que este sector será clave en el proceso de fuertes transformaciones derivadas de los cambios tecnológicos y culturales que se están produciendo en esos ámbitos, y que se incrementarán con la presencia masiva de la robotización en los años próximos.
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En una entrada anterior “Comisiones de servicios, ¿igualdad, mérito, capacidad y publicidad?” me manifesté de forma muy crítica respecto a la utilización indiscriminada y generalizada por las distintas Administraciones Públicas de la figura de la comisión de servicios. Como consecuencia, los concursos de provisión de puestos han acabado convirtiéndose en gran medida en procedimientos que sirven para “legalizar” la ocupación de los puestos de trabajo por los funcionarios/funcionarias que los desempeñaban con anterioridad de forma temporal.
En una entrada posterior –¿Algo se mueve en la Administración General del Estado (AGE)?– analicé el Acuerdo de movilidad del personal funcionario al servicio de la Administración General del Estado (2018), cuyos objetivos últimos eran evitar la generalización de la ocupación provisional de los puestos de trabajo (a través de comisiones de servicio y adscripciones provisionales) y conseguir que, en caso que haya una ocupación provisional, en los concursos de traslados no se…
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Pausa café con los letrados de la Contraloria durante el IV Congreso sobre régimen jurídico de la Hacienda Pública en San José de Costa Rica
Esta semana estoy participando en el IV Congreso sobre régimen jurídico de la Hacienda Pública, en San José de Costa Rica, invitado por la Contraloría General de la República. Como continuación del anterior artículo (“Lecciones que aprendí en Costa Rica“) planteo una reflexión sobre un aspecto nuclear del servicio público, que en España encontramos delicado debatir.
Una de las cosas que me sorprendió en esta entrañable visita (digo por adelantado que gratamente) fue encontrar desarrollado con cierto detalle la obligación de los funcionarios de la Contraloría costarricense de“Asistir a laborar con una adecuada presentación personal”. Desde el año 2007 , se exige durante todos los días de la semana una presentación personal de acuerdo con una normativa que fue…
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