Contratación pública responsable

Fiscalizacion.es

El licitador de un contrato público, por ejemplo: una obra, puede caer en la tentación de hacer economías mediante el abuso de la cadena de subcontrataciones, evitando mantener una plantilla propia. No supervisarlo significa para muchos organismos contribuir a precarizar el empleo de constructoras o suministradores, máxime cuando supone un incumplimiento flagrante del límite previsto en el artículo 227 TRLCSP: el 60% del importe de la adjudicación. Un dumping social entre sectores o entre regiones, que intenta combatirse desde la patronal y  los sindicatos. Cómo -si no- pueden justificarse las bajas un muchas obras públicas, tan habituales en estos tiempos de restricciones presupuestarias y crisis que darán lugar a problemáticos sobrecostes. Hoy el asunto parece más controlado merced a las exigentes directivas comunitarias que han logrado reconducir esa práctica en la normativa de contratación pública. Muchas AAPP sabedoras de estos riesgos ya se autolimitan incluyendo en sus pliegos un umbral…

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El principio de accesibilidad en los servicios públicos electrónicos

Nosoloaytos

La administración española aprueba en accesibilidad de los servicios públicos (quizá con un simple suficiente), al acondicionar, por supuesto de acuerdo con la normativa -empezando por el artículo 49 de la Constitución-, los espacios, vías y servicios urbanos a las personas que presentan algún tipo de discapacidad. Es por ello que se instalan rampas en las aceras o se reservan plazas para minusválidos, y por supuesto nos parece muy bien que pensando en las personas invidentes se instalen dispositivos sonoros en los semáforos o que puedan acceder al autobús guiados por su perro lazarillo, una lógica excepción a la regla de que los animales no pueden subir al transporte urbano colectivo… Pero falla, y mucho, otro tipo de accesibilidad: la de los servicios públicos electrónicos (o accesibilidad web).

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Cosas que nunca te dije de la competencia contencioso-administrativa

delaJusticia.com

pensar   Suele decirse bromeando que la jurisdicción contenciosa es un prodigio de humildad pues la que con toda solemnidad se “declara incompetente”. Sin embargo, el reparto de la jurisdicción contencioso-administrativa entre Juzgados y Salas es una cuestión crucial y que lamentablemente es germen de distorsiones sin cuento. Veamos.

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¿Cómo se deben presentar los documentos ante la administración?

Nosoloaytos

De los “papeles que se pierden” a las copias auténticas. ¿Cómo ha evolucionado el proceso de presentación de documentos de los ciudadanos ante la Administración? Ciertamente ha cambiado mucho desde la aprobación de la LAESP, y aún más desde la de la LPA, que entra en vigor en medio año justo (sin olvidar detalles importantes como la posibilidad de sustituir los “papeles” por una declaración responsable). A continuación exponemos el régimen jurídico que prevé esta última en cuanto a la presentación de documentos por parte de los ciudadanos y las empresas.

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Identificación .vs autenticación de las Administraciones Públicas en la Ley 40/2015

Sabemos que la firma electrónica es algo que se está imponiendo en el seno de las Administraciones Públicas y máxime cuando desde todos los lugares del ciberespacio realizan especial hincapié en ella. Sin embargo casi nada hay escrito sobre el “pariente pobre” electrónico de la identificación de la plasmación jurídica de la voluntad de la administración, esto es el “sello electrónico”.

Partimos de la regulación contenida en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que quedará derogada a principios de octubre, con la entrada en vigor de la Ley 39/2015 y 40/2015, que para enmarcar la cuestión es preciso recordar:

“Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada.

1. Para la identificación y la autenticación del ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, cada Administración Pública podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes sistemas de firma electrónica:

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¿Por dónde empezar con la implantación de la nueva Ley de procedimiento Administrativo?

Por su interés enlazamos con un interesante vídeo sobre la materia, publicado en 11 de febrero de 2016, cuyo ponente era D. Víctor Almonacid Lamelas, en la  Jornada “La nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas” (28/01/2016) en la región de Murcia:

El derecho de los opositores a conocer los criterios de valoración

Interesante aportación sobre los criterios evaluadores, a priori, para la celebración de las distintas fases de ejercicios de oposiciones.

delaJusticia.com

gritoTras la semana santa y con la llegada de la primavera se inicia un periodo administrativo tras el pistoletazo de salida de la Oferta de Empleo Público 2016 (BOE 22/3/16): las convocatorias de oposiciones que salen del letargo de la crisis económica.

En ese período de “vacas flacas” de oposiciones (2009-2015) ha tenido lugar un cambio jurisprudencial sumamente relevante y no conocido por todos los operadores.

No sólo se trata de los grandes avances hacia mayores cotas de justicia que ha pilotado valientemente la Sección Séptima del Tribunal Supremo, y que recuerda al Séptimo de caballería frente a la inmunidad derivada del rancio dogma de la discrecionalidad técnica, sino de un sencillo avance que merece la pena resaltar.

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Requisitos generales sobre responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria

Llega a estas líneas una reseña de una de las mejores explicaciones que hemos escuchado sobre este particular: https://youtu.be/qYmcBMfVsek

Esperamos que la disfruten.

Saludos.

 

Oferta de Empleo Público. ESTADO 2016

Son 13.427 plazas del turno libre y 5.694 plazas de promoción interna. El texto, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en un esquema comparativo, lo pueden ver a continuación haciendo click en el mismo:

OEP 2016

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