MERCÈ CORRETJA TORRENS. Instructivo artículo sobre: “Una valoración positiva de las novedades de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público y su aplicación en Cataluña – Observatorio de Contratación Pública”

Origen: Una valoración positiva de las novedades de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público y su aplicación en Cataluña – Observatorio de Contratación Pública

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EL PROCEDIMIENTO ELABORACION DISPOSICIONES NORMATIVAS EN LA LEY 39/2015 TRAS LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

LA MIRADA INSTITUCIONAL

I.- Introducción

El pasado 24 de mayo de 2018 el Tribunal Constitucional hizo pública la Sentencia por la que resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra determinados preceptos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas (LPAC). En el fallo se declaran la inconstitucionalidad de determinados párrafos o incisos de algunos artículos de la Ley (6.4, 129.4 y apartado 2 de la disposición final primera), se declaran asimismo que determinados artículos son contrarios al orden constitucional de competencias en los términos establecidos en el fundamento jurídico 7 b) (artículos 129, salvo apartados segundo y tercero, 130, 132 y 133) y 7 c)  (artículos 132 y 133, salvo el inciso de su apartado 1 y el primer párrafo de su apartado 4), así como se lleva a cabo una interpretación de conformidad por lo que respecta a la…

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50 leyes (de la 1 a la 50) que usted debería conocer

Nosoloaytos

La mayor felicidad del mayor número es el fundamento de la moralidad y el derecho (Jeremy Bentham)

No, esta no es la segunda parte de 50 sombras de Ley (una de las entradas más visitadas de este blog). Simplemente hemos recopilado 50 leyes del ordenamiento jurídico español (que igualmente tendrán sus nombras, eso es seguro) que consideramos interesantes para “ir por la vida”. 50 normas legales (49 de ellas vigentes) que todo jurista, funcionario, abogado, asesor o estudiante de Derecho debería conocer, y que a un sufrido ciudadano tampoco le vendría mal del todo saber. Cultura general e incluso mayor información para lidiar con algún problema cotidiano de los que a veces nos abordan incluso por sorpresa (una citación judicial, un trámite administrativo, una duda fiscal…). La “gracia” mnemotécnica es que están numeradas en el mismo orden que su número de ley. Ya saben que nos gustan estos juegos de gracejo.

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MÉRITO Y CAPACIDAD EN EL ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO

LA MIRADA INSTITUCIONAL


SELECCION

El artículo 103.3 de la Constitución se proyecta esencialmente sobre la institución de función pública, pero tal expresión debe ser entendida en sentido lato (empleo público). Y sus previsiones se han de poner en estrecho contacto (en lo que a función pública en sentido estricto respecta) con el derecho fundamental de acceso a la función pública (artículo 23.2 CE), pero asimismo con el sistema de distribución de competencias en lo que afecta al régimen jurídico de los funcionarios (artículo 149.1.18 CE). No es momento, sin embargo, de tratar tales cuestiones. Ahora me interesa solo poner el acento en dos principios, que recogidos en este artículo 103.3 CE, dibujan las líneas esenciales de lo que es la institución de función pública: acceso por mérito y capacidad (garantía de profesionalidad) y la imparcialidad (como atributo existencial de la propia institución). Es importante constatar cómo fruto de un desarrollo normativo escasamente adecuado, un…

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Las instituciones de control de la transparencia no deben apelar las sentencias que reconocen el derecho de acceso a la información pública

Miguel Ángel Blanes

Nadie discute que las instituciones de control de la transparencia (consejos, comisiones, comisionados y algunos defensores del pueblo regionales) pueden recurrir las sentencias judiciales que anulan sus resoluciones por las que se inadmiten o desestiman las reclamaciones presentadas por los ciudadanos en materia de acceso a la información pública, ya que están legitimadas procesalmente para ello. La cuestión que se plantea es si deben hacerlo.

Por ejemplo, el artículo 34 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante, LTAIPBG), detalla los fines del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG):

“promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno”.

En idéntico sentido, las leyes autonómicas de transparencia también atribuyen a…

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Hacia una organización eficiente: no es “trabajar mucho”, es “trabajar bien”

Nosoloaytos

Un capataz contrata a un operario para que pinte las líneas de la carretera.
El primer día el operario pinta 10 km, y el capataz queda bastante contento.
El segundo dia el operario pinta 5 km, y el jefe no dice nada.
El tercer día el trabajador pinta únicamente 2 km, y el jefe frunce el ceño, aunque tampoco dice nada.
El cuarto día sólo pinta la cantidad ridícula de 10 metros, y por fin el capataz, visiblemente enojado, le pregunta:
– ¿Cómo es posible que el primer dia pinte 10 kilómetros y hoy solo diez metros?
– Pues es lógico -contesta el operario-, puesto que cada día el bote de pintura me queda más lejos”

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El eficientísimo caso de las obligaciones voluntarias

Fiscalizacion.es

El principio de eficiencia del gasto público se consagró en el artículo 31.2  de nuestra Constitución de 1978. Desde entonces han sido muchas las leyes que han invocado el concepto. Una de las principales, la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera concretó en su artículo 7 el Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Lo hizo ordenando orientar la gestión hacia “la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público”. En concreto, prevé que tanto las disposiciones legales y reglamentarias -en su fase de elaboración o aprobación- como los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración valorando sus repercusiones y efectos,  supeditandose de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

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Elecciones vs. Gobierno “provisional”

A estas alturas nadie ha de desconocer lo ocurrido con al gobernabilidad de España. El espectáculo ofrecido en fechas recientes hace que la sociedad se plantee la siguiente disyuntiva: ¿El nuevo Gobierno ha de convocar elecciones o intentar buscar pactos para aprobar las normas necesarias de aquí a otros casi dos años?

Quien defiende la segunda de las soluciones no ha de desconocer que cualquier norma que se pretenda aprobar ha de pasar ineludiblemente por el Senado y, por ende, por la mayoría absoluta que ostenta el PP en la Cámara Alta.

Podría gobernarse a golpe de Decreto, Decreto-Ley o similar, pero el menor rango normativo de estos últimos provocaría una “debilidad legislativa” difícil de poner en pié más adelante. Y sobretodo, las normas reglamentarias no podrían ir en contra de las normas de las cuales beben, y el Decreto-Ley recuerda a otros tiempos no excesivamente lejanos.

Dicho lo anterior, queda la opción de unas elecciones, más temprano que tarde, que vuelva a “recolocar” las fichas del tablero parlamentario. Esto puede que sea también un hándicap, ya que las últimas encuestas no dan ganador claro en caso de que hubiera elecciones  y habría que volver a los pactos y acuerdos postelectorales. Pero en cualquier caso esta opción parece más plausible que la primera expuesta, ya que la sociedad demanda, cada vez más, una regeneración parlamentaria total, en la cual se de paso a nuevos valores (que los hay), nuevas ideas y conceptos, más acordes con los tiempos que vivimos.

Es labor del nuevo gobernante ponderar que es lo que se debe hacer. Con criterio. Sin protagonismos. Con visión social y democrática.

¿Plataformas del Estado o plataformas privadas? Sobre la constitucionalidad de la D.A.2ª de la Ley de procedimiento

Nosoloaytos

Publicada la Sentencia del Tribunal Constitucional de 24 de mayo de 2018 relativa a la constitucionalidad de algunos preceptos de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común, pensamos que es el momento de hacer en voz alta la reflexión que titula la presente entrada.

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El eterno debate sobre la dependencia de las Instituciones de control

Fiscalizacion.es

Esta semana se celebró en Oviedo la Conferencia de Presidentes de la Asociación de Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas (Asocex). La sede fue la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, donde se aprobó una solemne Declaración en la que se defiende la independencia y la autonomía de esos órganos, como garantía de calidad democrática e institucional. 

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