Nuevos artículos de las Leyes siamesas 39 y 40/2015 (XI). Potestad sancionadora (parte undécima).

3.2.Formas de inicio del procedimiento.

Siguiendo inalterables las formas de inicio en la nueva legislación respecto a lo ya existente, se excluye la referencia que antes existía en la cual se decía que el órgano competente para el inicio del procedimiento era el órgano inferior al que resolvía. El silencio ahora que se produce en la ley y la lacónica consideración de que ese órgano sea el que se determine en la norma reguladora del mismo, puede llevarnos a realizarnos una pregunta de difícil respuesta ¿Qué hacemos ahora?

La solución pasaría por el que podríamos seguir aplicando la regla de la normativa anterior, esto es, la que ahora pasa a regularse de forma genérica para todos los procedimientos en el art. 8.3 de la LEREJU, en cuanto a que se ha de iniciar el procedimiento por el órgano inferior al que resuelva por razón de materia y territorio.

3.3. Acuerdo de inicio.

Pocas novedades en esta materia, aunque existe alguna digna de reseña.

La primera de ellas se refiere, en cuanto a la incoación del procedimiento, que se le ha de comunicar al denunciante, según el art. 64.1, 2º párrafo de la ley PACA,

“… cuando las normas reguladoras del procedimiento así lo prevean.”

Anteriormente existía esta obligación, matizada por la jurisprudencia en mayor o menor medida, y ahora nos quedamos un poco a oscuras, puesto que si la norma específica no lo prevé, no se le ha de comunicar, sobre el papel.

Y la segunda corresponde al art. 64.3:

Excepcionalmente, cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación no existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos que motivan la incoación del procedimiento, la citada calificación podrá realizarse en una fase posterior mediante la elaboración de un Pliego de cargos, que deberá ser notificado a los interesados.”

Es una novedad absoluta, ya que parece ser que la posible calificación de hechos y sanciones se puede hacer o en el acuerdo de inicio o, de forma excepcional, en el pliego de cargos, en contra de lo que se venía haciendo hasta ahora, en donde el pliego de cargos era el máximo exponente de la tipología de los hechos acaecidos en un momento concreto en orden a su futura valoración “punitiva-administrativa”.

… (Continuará) …

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